Encuesta: 89% cree que abusos contra los consumidores son una práctica habitual

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Una negativa percepción de la protección a los consumidores y del rol de las empresas es la principal conclusión del último estudio sobre libre competencia, realizado por Cadem, Horizontal y la Universidad Adolfo Ibáñez.

 

Según este sondeo, el 58% de los encuestados cree que la protección que tienen los consumidores ante los abusos de las empresas ante fallos de productos y servicios es pocoa o nada.

 

Asimismo, los consultados tienen bajas expectativas de que el sector privado vaya a cambiar. El 64% no cree que las empresas comiencen a mejorar sus prácticas para evitar casos de abusos a los consumidores. Por otro lado, el rol de quienes deben fiscalizar esto hechos tampoco es bien visto, debido a que 74% dice que las instituciones de sancionar estos hechos no están funcionando correctamente.

 

En esa línea, ni el Estado ni las grandes empresas tiene una percepción positiva de la población, ya que el 90% cree que las grandes compañías privadas abusan mucho o bastante de los consumidores, mientras que el 72% cree lo mismo de los servicios públicos.

 

Estas situaciones son habituales para el 89% de los consultados, mientras que sólo el 8% cree que son hechos aislados.

 

Respecto de las sanciones previstas por nuestra legislación para castigar estas irregularidades, el 74% cree que son bajas o muy bajas. Al contrario, sólo el 21% cree que son altas o muy altas.

 

Debido a esto último, el sondeo también consulta sobre si sólo basta con multas y compensaciones como es actualmente, pero el 80% cree que debieran sumarse penas de cárcel para los culpables.

 

En cuanto al último hecho conocido, el de la colusión de las papeleras, según este sondeo, el 50% cambió sus hábitos de consumo y dejó de comprar las marcas involucradas, mientras que el 46% dijo que no.

 

Finalmente, para los encuestados los dos hechos que más han dañado la confianza en las empresas han sido la colusión de las farmacias y el caso Caval.

 

Esta encuesta se hizo en base a un universo de chilenos, hombres y mujeres mayores de 18 años, habitantes de las 73 comunasurbanas con más de 50 mil personas que representan el 70,9% del total del país.

 

 

“Es justo que hoy exista esa percepción”

 

“Lo que ha sucedido con el paro del Registro Civil, o con los casos de colusión hace que la imagen de los servicios sea evaluada negativamente, por lo que creo que es justo que hoy exista esa percepción”, asegura Mario Espinosa, abogado de Grupo Defensa.

 

En ese sentido el jurista resalta que hoy las personas, usuarios y consumidores están más empoderados, “lo que es muy bueno como sociedad, y esa nueva realidad nos exige a todos quienes prestamos servicios un desempeño acorde a las expectativas de las personas”.

 

A juicio, la protección al consumidor en Chile aún es precaria en comparación a la de otros países. Insiste que “la idea es poder avanzar en perfeccionar la protección”, por lo que considera como un aporte importante el fortalecimiento del Sernac que se está discutiendo en el Congreso.

 

Dentro de la encuesta se puede observar que las personas consideran que los organismos fiscalizadores no están haciendo una buena labor. Pese a ello, para Espinosa, esta mala opinión que tienen las personas sobre la protección de sus derechos como consumidor es una culpa compartida, “pero creo que el mayor grado de responsabilidad está en las empresas. Si las empresas actuaran con estricta sujeción a la ley, pero además, con sujeción a estándares éticos y de buenas prácticas, la percepción de la población sería mucho mejor“.

 

A su vez, el abogado coincide con la opinión de los encuestados respecto de que son necesarias penas de privación de libertad para casos como el de las farmacias y las papeleras. “Para un gran empresario que decide realzar una conducta indebida, por ejemplo de colusión, una sanción exclusivamente económica no significa un escarmiento o una desmotivación a no actuar; por el contrario, sí creemos que penas de cárcel constituyen una verdadera barrera a este tipo de conductas“.

 

Otro aspecto que resalta en el sondeo es el alto número de personas que consideran que servicios públicos abusan de los consumidores. Respecto de esto, Espinosa sostiene que “el Estado es responsable y tiene la obligación de indemnizar a la víctima”.

 

Asimismo añade que en nuestro país falta una figura como la del Ombudsman, “este ‘defensor del pueblo’, que existe en varios países y que en Chile ha estado en algunos momento como una posibilidad que se ha discutido, pero que aún no se ha materializado”.

 

 

 

DP/PCP

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