La iniciativa del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, de crear una farmacia popular ha abierto un debate muy relevante para el país, dada la importancia social del gasto en medicamentos de las familias.
La Encuesta Casen 2013, que aplica el Ministerio de Desarrollo Social, contiene un módulo de Salud que permite caracterizar el acceso a medicamentos de la población que recibió consulta o atención médica debido a una enfermedad o accidente acontecidos en un período de hasta tres meses previo a la aplicación de la encuesta.
De acuerdo a los datos obtenidos, si bien un 93% pudo acceder a todos los remedios que le fueron recetados, un 4,7% pudo acceder sólo a algunos y un reducido 2,3% no accedió a ninguno de ellos, la forma de acceso entrega información que debe alertarnos como país, a la luz de los altos precios que priman en el mercado farmacéutico.
En efecto, del total de personas que lograron acceder a todos los medicamentos recetados, el 46,1% declara haber tenido que pagar por la totalidad de ellos. Y lo preocupante -pues habla de un fuerte impacto social- es que más de un tercio (35,4%) de las personas pertenecientes a los hogares del quintil de ingresos más pobre y casi la mitad (49,8%) de los afiliados a Fonasa declaran haber realizado algún desembolso económico para acceder a los medicamentos que les fueron recetados.
Lo que es aún más grave es que entre las personas que se encontraban en situación de pobreza por ingreso según la Casen 2013, y que tuvieron oportunidad de acceder a los remedios prescritos, se observa que un 24,5% debió pagar por todos ellos y un 9,8% pagó sólo por algunos, totalizando un 34,3% de pobres por ingresos que tuvo que realizar algún tipo de pago para acceder a sus medicamentos.
Resulta del todo pertinente, entonces, una iniciativa como la farmacia popular de Recoleta y el amplio interés que ha concitado entre muchos otros alcaldes.
Llama la atención la resistencia que ha despertado en algunos sectores, dado que, en la práctica, no se trata de una farmacia propiamente tal, sino de un programa social que, bajo un modelo cooperativo, busca proporcionar a los habitantes de la comuna que se encuentren inscritos en la Dirección de Desarrollo Social del municipio, un acceso a bajo costo a remedios que no están disponibles en los consultorios.
Esta experiencia demuestra que las municipalidades pueden jugar un rol de protección social más activo, que complemente los esfuerzos que realizan las políticas sociales centralizadas.
El estímulo para esta capacidad de innovación surge naturalmente, pues son tensionados por el contacto directo con las personas en el territorio, identificando brechas entre oferta disponible y necesidades emergentes.
Cabe destacar además que, con una pequeña iniciativa, se logró cuestionar el modo de funcionamiento del mercado de medicamentos que -por las denuncias de colusión conocidas, su alto nivel de concentración y sus elevados precios- ha experimentado en los últimos años una fuerte pérdida de legitimidad a los ojos de la ciudadanía.
En ese sentido, se transformó en una iniciativa política en el sentido más noble del término, al involucrar los asuntos de la polis y la búsqueda del bien común para todos los ciudadanos y ciudadanas.
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