Orrego admite que dio la orden para enviar a Fuerzas Especiales a Registro Civil

"Tuvimos 39 días parado el Registro Civil y hoy día lo que está ocurriendo es que se está ocupando una vez más como rehenes a los ciudadanos para pedir algo que nos parece absolutamente ilegítimo", indicó el intendente.

Por ATON

El intendente de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, reconoció que fue responsable de la concurrencia de Fuerzas Especiales de Carabineros esta mañana a las inmediaciones de las oficinas de Huérfanos del Registro Civil.

La presencia de los efectivos policiales en el lugar provocó una confusa situación en la que los funcionarios acusaron que Carabineros intentaba desalojarlos del recinto por orden del director del servicio Luis Acevedo.

Al igual que lunes y martes, empleados del servicio mantenían las puertas de la oficina cerradas, a la espera de abrir media hora más tarde (a las 09:00), en protesta por los descuentos efectuados luego de sus 39 días de paro.

En esas circunstancias, la existencia de personal policial antidisturbios en calle San Martín provocó que los empleados del servicio especularan con un inminente desalojo.

Entrevistado por el canal 24 horas, el Jefe del Gobierno Regional, Claudio Orrego, sostuvo que “todo lo que di fue una instrucción a Carabineros (para) que concurriera a resguardar el orden público y el correcto funcionamiento de un servicio que está abierto a todos los chilenos”.

Fundamentando su decisión, la autoridad señaló que “tuvimos 39 días parado el Registro Civil y hoy día lo que está ocurriendo es que se está ocupando una vez más como rehenes a los ciudadanos para pedir algo que nos parece absolutamente ilegítimo”.

Sin embargo, la autoridad regional aclaró que nunca cursó una orden de desalojo de las oficinas pero anunció que se reuniría con el director del Registro Civil, Luis Acevedo, para evaluar el proceder en caso de que los empleados del servicio continúen abriendo más tarde como medida de presión por los descuentos.

Ante esta posibilidad Orrego comentó que “nadie tiene derecho a tomarse una oficina pública y cerrarla al uso del público”.

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