Columna de Felipe Orrego: ¿Cómo se acredita la inexistencia de información pública?

Por felipe orrego

Día a día, los ciudadanos se han visto más empoderados en el ejercicio de sus derechos frente al Estado y los órganos públicos en general -tales como municipalidades, ministerios, Fuerzas Armadas, Carabineros o superintendencias-.

Uno de esos derechos es precisamente el acceso a la información pública, en virtud del cual, toda persona, ya sea de manera presencial u online, puede requerir cualquier tipo de información, en la medida de que ésta obre en poder de la institución respectiva.

Sin perjuicio de lo anterior, no son pocas las veces en que el Consejo para la Transparencia ha recibido reclamos por respuestas de órganos que, frente a solicitudes de información, lisa y llanamente se limitan a sostener que los documentos requeridos son inexistentes o que no obran en su poder.

Aceptar dicha excusa, simplemente haría que el derecho de acceso fuera, como se dice comúnmente, letra muerta. Es por ello que el Consejo ha exigido a los órganos reclamados probar este hecho. Pero ¿cómo se acredita que algo no existe? ¿No se trata de una exigencia hasta “diabólica”, como decían los antiguos inquisidores, por la imposibilidad probatoria?

Para lo anterior, el Consejo ha impuesto a los órganos públicos para este tipo de situaciones, que acrediten de forma fehaciente y detallada, que realizaron búsquedas, ejecutaron acciones de revisión exhaustiva o revisaron detalladamente archivos y registros, de modo que en el caso de no poseer la información solicitada, indiquen los motivos concretos y reales que justifiquen y fundamenten esa alegación de inexistencia, como ha ocurrido en los casos que se ha alegado la pérdida de los documentos como consecuencia de los terremotos, aluviones o incendios, a los que nuestro país ha estado expuesto permanentemente.

Las exigencias señaladas previamente son el mínimo estándar que se puede exigir a los órganos de la Administración, para que de esta manera, se ejerza el debido control social de la información pública, pues sin duda alguna, lo contrario significaría dejar al ciudadano en una situación de indefensión y el derecho de acceso en simple poesía.

Las opiniones expresadas aquí no son responsabilidad de Publimetro

 

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