¿Tiene mérito la acusación constitucional a la ministra de Salud?

Esta semana vence el plazo para que Carmen Castillo responda a las imputaciones hechas en su contra por un grupo de diputados de la oposición. Aunque hay antecedentes que justificarían un juicio político, la "deuda" en materia de salud es de larga data.

Por Fabiola Romo

El viernes vence el plazo para que la Ministra de Salud, Carmen Castillo, responda vía carta, a través de un tercero o en forma personal, a la Comisión que analiza los fundamentos de la acusación constitucional presentada en su contra por diputados de la UDI, RN e independientes.

Una comisión, compuesta por cinco parlamentarios oficialistas y presidida por el comunista Lautaro Carmona, ha estado analizando las imputaciones que podrían destituir del cargo a la secretaria de Estado e impedirle ejercer cargos públicos por 5 años. El próximo 9 de diciembre se espera la votación del  mérito de esta acusación, es decir, se verá si se despacha al Senado desde la Cámara de Diputados.

Qué dicen los constitucionalistas

El profesor de derecho constitucional, Sebastián Zárate, estimó que la acusación constitucional tiene mérito en su presentación al configurarse las dos causales que se establecen para este efecto, es decir: infracción a la Constitución y haber dejado las leyes sin aplicación. La ministra Castillo no respondió a los oficios enviados por la Cámara de Diputados, por lo que hubo una infracción a la forma en que la propia Constitución establece los controles parlamentarios, según Zárate.

Sin embargo, aunque hay antecedentes que justificarían las imputaciones, para el director de Ciencias Políticas y Gestión Pública de la Universidad San Sebastián, Pedro Díaz, la acusación es débil. “Es una deuda de arrastre de otros Gobiernos, incluyendo el Gobierno de Piñera. La ministra no lleva tanto tiempo en el cargo”, comentó.

Respecto de dejar leyes sin aplicación, Sebastián Zárate, señaló que la acusación apunta principalmente a la Ley Ricarte Soto, dado que hubo un decreto que no se dictó y otros que se hicieron en forma tardía. “No se cumplió con lo que el Poder Legislativo acordó”, enfatizó.

Finalmente, Pedro Díaz, estimó que ha habido una instrumentalización política del tema, lo que podría distraer el análisis del mérito de la acusación.

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