Columna de Felipe Harboe: Colusión y modificaciones a la ley

Por felipe harboe

Últimamente la palabra colusión se ha vuelto frecuente. Pollos, farmacias, radios y ahora la industria del papel. En Biobío golpeó con mayor fuerza al tratarse de una de las principales fuentes productivas y laborales.

Ante esto surgen de inmediato voces con propuestas populistas, mas no racionales y útiles para sancionar eficazmente esta deleznable actividad. Extraña que el ex presidente Piñera criticara la eliminación de la sanción penal para los casos de colusión cuando en 40 años de vigencia de la norma penal NUNCA se aplicó ninguna sentencia. Más aun cuando dicha decisión fue votada favorablemente por sus cercanos como los senadores de entonces Espina, Novoa, Matthei y Chadwick, entre otros.

Gracias a las nuevas facultades que desde entonces se le han dado a la Fiscalía Nacional Económica se han logrado desbaratar importantes carteles que han perjudicado a diversos mercados y a millones de consumidores.

Hace más de un año, sin publicidad alguna, la comisión de Constitución del Senado junto al fiscal nacional económico (FNE) y del Ministerio Público, y expertos en libre competencia, propusimos algunos mejoramientos destinados a desincentivar y sancionar las conductas colusivas.

Los temas más complejos de resolver fueron por ejemplo definir quién ejercería la acción penal: ¿Ministerio Público o Fiscalía Nacional Económica?, y determinar si la existencia de dos procesos (penal y libre competencia) atenta contra el principio non bis in idem (nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho).

En materia de multas, propondremos que sean disuasivas y, por tanto, siempre sean más altas que lo que obtendrían por coludirse. La regla norteamericana del “3 por” parece la más acertada. Así, por cada peso defraudado, la sanción será el triple.
 
La delación compensada ha resultado un arma muy eficaz para desbaratar carteles y consiste en eximir el pago de multas a quien se autodenuncia. No obstante debiera perfeccionarse limitando sus efectos sólo al primero que se autodenuncia y siempre que ésta se produzca antes del inicio de una investigación.

Adicionalmente debería mantenerse la obligación de compensar a los consumidores. Pero ¿cómo compensamos a quienes compraron hace años o meses y carecen de respaldos? No es fácil porque si obligamos a rebajar sus precios, afectaríamos a la empresa de la competencia que nada tiene que ver, ya que obviamente los consumidores preferirán los productos más baratos de la empresa coludida.

Otro aspecto a considerar es el de la sanción penal. Hay quienes ven en esta medida la única oportunidad de sancionar a los coludidos. Lo cierto es que es una mera ilusión porque aun cuando se le establezcan penas de 5 años y 1 día de presidio, por aplicación de atenuantes (que la mayoría de los casos tendrá) la pena efectiva serán medidas alternativas y ninguno de los condenados pasará ni un día en la cárcel.

Quizá una sanción más efectiva sea inhabilitarlos para participar de directorios de sociedades anónimas abiertas (que se transan en bolsa); prohibir su participación en sociedades que participen de procesos de licitación pública o concesiones de servicio público. Es decir, limitar su capacidad de participar de negocios donde existan recursos públicos por haber defraudado gravemente la fe pública y la libre competencia.

Como se verá no es ni será un tema fácil. Pero más allá del resultado legislativo, corresponde reflexionar sobre la necesidad de mejorar los estándares éticos y el comportamiento en una economía de mercado. No es aceptable que los mismos que pregonan la desregulación como sinónimo de libertad, luego aparezcan poniéndose de acuerdo para afectar la fe pública y a millones de consumidores y ese no es un tema de leyes más o leyes menos, se trata de un tema cultural que debemos erradicar por el bien de nuestra sociedad.

Las opiniones expresadas aquí no son responsabilidad de Publimetro

 

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