Lamentables son los problemas que comienza a enfrentar la farmacia comunal de Recoleta que tanta expectativa generó al momento de su anuncio. En sus inicios, fue un proyecto innovador porque se hacía cargo de un problema relevante de la comunidad, como lo es el alto costo de los medicamentos, situación que afecta principalmente a los adultos mayores que viven con los mínimos ingresos que aportan sus jubilaciones. Sin embargo, a poco andar, se ha transformado en una idea sin la consistencia necesaria como para hacerla sustentable en el tiempo.
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El mercado de los medicamentos en nuestro país es imperfecto, tanto en las áreas de precios como en abastecimiento. No resulta comprensible para el chileno común los reducidos valores que los laboratorios cobran al Estado -a través de su central de abastecimiento- y los abultados costos de los remedios en las estanterías de las farmacias, los que deben ser absorbidos por la gran mayoría de los ciudadanos.
Tampoco tienen explicación las profundas diferencias de precios en remedios de igual composición, pero fabricados por distintos laboratorios. Y en el campo del abastecimiento, los consumidores viven aún las interrogantes acerca de cuánto les favorece la existencia de remedios genéricos y bioequivalentes.
También forman parte de la imperfección del sistema los abusos cometidos por cadenas farmacéuticas que han sido sancionadas por los tribunales de Justicia por la ejecución de malas prácticas que han castigado duramente al bolsillo de sus fieles y cautivos clientes.
Toda esta realidad generó un clima de esperanza frente al establecimiento de las denominadas farmacias populares, pero, como dice el refrán popular, no todo lo que brilla es oro.
Recientemente, el Instituto de Salud Pública cursó diversas infracciones a la farmacia de Recoleta por incumplimiento a disposiciones legales que rigen el funcionamiento de este comercio y el correcto expendio de estos productos.
Desde la perspectiva de los pacientes también hay situaciones engorrosas: la falta de stock ha hecho que muchos reciban sus fármacos dos semanas después de haber presentado las recetas. En definitiva, lo que ha ocurrido es que a pesar de los problemas del mercado y de la inmensa necesidad de las personas, la consolidación de este tipo de farmacias pareciera no ir por buen camino.
Para enfrentarlo es deber del Ministerio de Salud, que respalda con fuerza la iniciativa, generar la transparencia absoluta del mercado farmacéutico y dar luces de cómo los municipios podrían dar vida a una farmacia popular sustentable en el tiempo y que responda a las necesidades de los que más la necesitan, especialmente a adultos mayores jubilados y a enfermos crónicos.
Y las autoridades locales también tenemos responsabilidades frente a este asunto y la más importante quizá es no generar falsas expectativas con proyectos e iniciativas que en el papel aparecen viables, pero que enfrentadas con la realidad pasan a engrosar la lista de promesas incumplidas, tan en boga en el Chile que vivimos.
Jugar con las necesidades de las personas y especialmente aquellas que dicen relación con su salud es una clara ofensa a la dignidad de cualquier ciudadano.
A los alcaldes nos corresponde ser serios en nuestras propuestas y generar ideas innovadoras, pero realizables. El ofrecer proyectos en el aire transforma a la autoridad en algo así como aquel personaje de nuestro paisaje urbano que, gracias a su gran locuacidad y a la candidez de su público, logra vender productos de dudosa utilidad, encantando a su audiencia callejera con la atrayente frase “no vengo a vender, vengo a regalar”.
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