Columna de Beatriz Sánchez: La grasa

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Es fea la expresión.  Es desagradable.  Es fuerte.  Pero se ajusta.  Cuando hablamos de “la grasa”, hablamos de lo que sobra, lo que abulta, lo que molesta.

¿Cuánta grasa tiene el Estado? Hoy que las lucas faltan y las promesas son muchas, es más necesario que nunca pensar en un mejor Estado.  En una forma de administración más moderna.  En ajustarse a los tiempos. En sincerar el trabajo.

Me lo decía alguien que hasta hace unos días trabajaba en una repartición pública “entusiasma trabajar en el Estado, pero no podemos seguir haciendo las cosas como se hacían hace un siglo”. Y tiene razón.
¿Cuál es el problema? Que no es “sexy” proponer los cambios.  No es llamativo, no rinde votos, no hay efectos inmediatos.  Cambiar la forma en que trabaja un Estado es cambiar una cultura institucional, es enfrascarse en un sinnúmero de discusiones, es meterse “en las patas de los caballos”, no “luce”.  Y cuando todo es a corto plazo, cuando los gobiernos son de cuatro años, cuando todo se quiere de inmediato; los cambios reales y profundos, no se priorizan, no se hacen.  Y lo lamentamos todos los días.
Por eso es necesario “cortar la grasa”.

Hay que partir por sincerar el número de los funcionarios estatales y que todos puedan superar la línea de la pobreza con sus sueldos.  Que tengan un sistema de negociación colectiva acorde con los tiempos y garantía de carrera funcionaria.  Limitar el número de operadores políticos y que exista un real sistema de Alta Dirección Pública.

Suma y sigue. Basta de funcionarios de primera y segunda clase.  Terminar con los extraordinarios privilegios que tiene una parte de las Fuerzas Armadas y Carabineros, los oficiales, con garantías hasta el infinito.  Como es que pasan a retiro y un buen número de ellos son recontratados por el mismo sueldo, por lo que terminan ganando jubilación y salario.

Hay más.  En salud se paga más por las camas compradas a clínicas que por las que el mismo Estado tiene en el sistema público.  Los contratos con los privados en concesiones siempre llevan detrimento para el estado.  Lo vemos en las carreteras privadas, lo vemos también en el Transantiago.

Porque permitimos que parlamentarios sigan cobrando su sueldo cuando viajan privadamente.  Porque tienen viático por asistir a sus sesiones de trabajo.  Cómo es que los 10 miembros del Tribunal Constitucional ganan un sueldo más alto que un senador, gastan 18 mil pesos diarios en almuerzo y se les pagan viáticos millonarios por invitaciones al exterior con “gastos pagados”.

¿Más? La ley reservada del cobre.  Hay cinco mil millones de dólares empozados en el Banco Estado a la espera de que se gasten, cuando en el ejército la mitad de los tanques que se compraron en los últimos 10 años están embalados porque no hay capacidad para operarlos.

La “grasa” también está en el trato distinto que recibe el Estado, al que se le cobra más porque aún sigue siendo -en muchas de sus reparticiones- un mal pagador.  O en las concesiones “falsas” donde efectivamente se elige a la empresa más barata, pero que al poco andar modifica sus costos sólo al alza.
Lo vemos con incredulidad.  De las universidades que pertenecen al Estado, hay tres que no cumplen las condiciones que el propio Gobierno ha puesto para la gratuidad. ¿Cómo es posible que el propio Estado abandone a sus propias universidades?

Y así puedo seguir y seguir dando ejemplos.  Creo en un Estado fuerte y vital.  Que le garantice a los ciudadanos que serán protegidos y que garantice derechos a todos por igual.  Que esté muy presente para evitar injusticias y desequilibrios, pero que de aire para el desarrollo personal.  Pero si no cambiamos la actual lógica, si seguimos haciendo caso a los que buscan minimizarlo para sus propios intereses, a los que les conviene que sea lento, torpe y anticuado; seguiremos sin avanzar en las reformas que Chile necesita.

 

 

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