La fuga de tres sicarios con pistola de juguete desata un escándalo en Argentina

Uno de los prófugos había acusado a Aníbal Fernández, ex candidato a gobernador de Buenos Aires, de haber ordenado los homicidios

Por agencias

La sospechosa e inexplicable fuga de tres reclusos condenados a cadena perpetua por un triple crimen ligado a la venta de efedrina, que utilizaron una “pistola de juguete” con la cual supuestamente redujeron a algunos guardias y se fueron en un automóvil policial que “casualmente” tenía las llaves puestas, la madrugada del domingo, agrega tensión al clima político argentino. Funcionarios y analistas hablan de una fuga con evidente ayuda interna o aluden a un compromiso adquirido con uno de estos reclusos, que participó de una “maniobra mafiosa y mediática” contra el gobierno anterior.

La fuga de Martín Lanatta, Víctor Schillaci y Cristian Lanatta, condenados a cadena perpetua por el asesinato en General Rodríguez (provincia de Buenos Aires) de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina, en 2008, vinculados al tráfico de efedrina, “es una de las noticias más inverosímiles, aun en un país habituado a los actos de brujería”, señala el periodista Horacio Verbistky.

El también investigador recordó que este año, durante la campaña electoral, uno de los prófugos (Martín Lanatta), dijo al canal de TV del Grupo Clarín que quien les dio la orden de ejecutar a los tres mencionados fue Aníbal Fernández, jefe de gabinete de Cristina Fernández de Kirchner, en una entrevista muy cuestionada realizada por el entonces periodista “estrella” del diario Clarín, Jorge Lanata, hoy instalado en Miami.

También recuerda Verbitsky que hasta el defensor de Martín Lanatta, el abogado Roberto Casorla Valet, lo refutó en el diario Página 12, al cual declaró: “Miente. Supongo que lo hace porque le habrán ofrecido algún beneficio. Según lo que dijo en el juicio y lo que siempre me contó a mí, no conoce a Aníbal Fernández. Buscó llegar a él, e incluso le mandó un mail, pero no lo consiguió, no lo vio jamás, de acuerdo con lo que me contó.

“El eje de la campaña de (la ahora alianza gobernante) Cambiemos fue la vinculación de Fernández, candidato del Frente para la Victoria (FpV) a la gubernatura bonaerense, con el comercio de drogas ilícitas. Este efecto fue potenciado por las exhortaciones en las iglesias de la provincia a no votar por el candidato oficialista. En las elecciones de octubre ocurrió el corte de boleta más grande de la historia provincial, que llevó a la gubernatura a María Eugenia Vidal”. También señaló que afectó “la segunda vuelta de la elección presidencial” ayudando a Macri a ganar por un exiguo margen.

Advierte el periodista que “lo sepan o no los prófugos, ahora su vida corre peligro. Su muerte, ya sea en un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad que fueron lanzadas a perseguirlos o por cualquier otro medio que la imaginación aborigen pueda concebir, cerraría un círculo siniestro. Se sabe que los muertos no hablan”.

En tanto, el interventor de la Autoridad Federal de Servicios Audiovisuales (Afsca), Agustín Garzón, reconocido militante asociado al presidente Mauricio Macri, ingresó este lunes ilegalmente a la sede de esa institución, que fue allanada después de desalojar, el pasado 24 de diciembre, a sus autoridades, incluido el titular Martín Sabattella, mediante dura intervención policial y una apresurada orden del juez federal Julián Ercolini, aliado del Grupo Clarín.

Los directores nombrados por la anterior gestión y que representan a diversos partidos, denunciaron que les prohibieron el ingreso al edificio, rodeado por la guardia de infantería.

El relator especial de la Organización de Estados Americanos(OEA), Edison Lanza, había señalado hace dos días en entrevista con el diario Buenos Aires Herald que “los estándares internacionales dicen que lo adecuado es tener organismos con autonomía tanto del Ejecutivo como de los poderes fácticos, que sean capaces de regular los sistemas de medios de acuerdo con principios de legalidad”.

El gobierno de Macri intentó justificar la intervención con el argumento de que las autoridades desalojadas “no responden a la estructura orgánica de la ley de ministerios”, y adujo “rebeldía para atenerse al nuevo régimen que fija las políticas de comunicación”.

 

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