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El último de la serie de embarazosos escándalos para las autoridades ocurrió el sábado pasado en Chicago. A pesar de haber sido llamados para resolver una simple disputa familiar, los agentes de una patrulla terminaron abatiendo a un joven de 19 años y a su vecina, Bettie Jones, madre de cinco hijos.
El joven, Quintonio LeGrier, que sufría de trastornos psiquiátricos, esgrimió un bate de béisbol, pero lo único malo que hizo la mujer fue abrir la puerta de su casa, según sus abogados.
Este tipo de tiroteos son frecuentes en Estados Unidos y en Chicago -la tercera ciudad del país- fue como arrojar aceite al fuego, que ha estado ardiendo a pesar de la remoción del jefe de la policía a principios de diciembre.
En esta situación, el alcalde de Chicago, Rahm Emanuel, se ha visto obligado a responder con rapidez: el miércoles anunció que duplicará la cantidad de pistolas eléctricas Taser – que producen descargas no letales – para los policías y que reforzará su formación.
«Hay una diferencia entre poder usar un arma de fuego y tener que usar un arma de fuego», esgrimió el alcalde demócrata.
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Este exjefe del gabinete del presidente Barack Obama ha sido muy criticado, tras ser acusado de intentar encubrir el escándalo que provocó el homicidio del adolescente negro Laquan McDonald, acribillado por 16 balas disparadas por un policía blanco.
LeGrier, Jones y McDonald tenían en común el hecho de ser negros. En Estados Unidos, los negros representan una parte altamente desproporcionada de las víctimas mortales de la policía.
No obstante, el FBI no publica este tipo de estadísticas, lo cual le ha valido severas críticas.
– Los videos que desataron debate –
Para contrarrestar dicha falta de datos, dos diarios, The Washington Post y la edición estadounidense del británico The Guardian, publicaron sus propios recuentos de 2015, un año en que el flagelo del abuso policial logró una gran atención mediática gracias a la gran cantidad de videos – filmados por civiles o de los mismos policías – que dieron lugar a enormes escándalos, debido a sus estremecedoras imágenes.
Según el sitio The Counted (Los contabilizados) de The Guardian, 1.130 personas murieron a manos de la policía hasta el 31 de diciembre, a tiros, por descargas de un Taser, atropellados por una patrullera o mientras se encontraban detenidos.
The Washington Post, que solo cuenta las personas abatidas, contabilizó 979 civiles muertos por la policía. Estas víctimas se dividen en tres categorías: quienes estaban armados y por lo tanto representaban una amenaza, quienes sufrían de trastornos mentales o suicidas y quienes huían de un arresto.
En la mayoría de los casos en los que la policía abatió a un sospechoso armado, éste era blanco, señala el periódico.
Pero la cuestión étnica resalta al contemplar los casos en que el riesgo para los policías era menor, explica The Washington Post: un 40% de las personas no armadas abatidas por la policía eran hombres negros, mientras que éstos solo representan 6% de la población estadounidense.
– Un problema de salud pública –
El recuento oficial del FBI solo toma en cuenta los «homicidios justificados», es decir, aquellos de delincuentes muertos por las fuerzas del orden dentro del marco de la ley. En 2014 fueron 444 personas.
Pero ante la gran cantidad de casos de abusos y bajo la presión sobre todo del movimiento Black Lives Matter (Las vidas de los negros importan), que dirige las denuncias públicas contra el abuso policial de los negros, se notan señales de cambio.
La secretaria de Justicia estadounidense, Loretta Lynch, inició una encuesta piloto al estimar que los datos estadísticos completos sobre este tema eran «cruciales para la transparencia y la atribución de las responsabilidades».
Asimismo, en un estudio publicado este mes por el sitio de publicaciones académicas Public Library of Science, un grupo de investigadores de la Universidad de Harvard recomienda que se incluyan en las declaraciones obligatorias de defunción a los homicidios cometidos por la policía.
«Las muertes relacionadas con la policía, ya se trate de personas muertas por las fuerzas del orden o de agentes que mueren en su trabajo, son un problema de salud pública y no solo un asunto de justicia penal, dado que estos hechos influyen en la tasa de mortalidad y repercuten en las vidas de las familias y comunidades implicadas», argumentaron los académicos.
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