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La CUP rechaza un gobierno del independentista Artur Mas en Cataluña

La CUP, que votaba este domingo la decisión definitiva sobre la investidura, queda profundamente dividida. La diferencia es mínima entre los favorables y contrarios a Mas: la opción de no investir a Mas que se ha impuesto con 36 votos a favor, 30 en contra y 1 abstención. Pide a JxSí que elija un candidato alternativo esta semana, última para sacar adelante la legislatura. Si no hay alternativa a Mas, el 10 de enero se convocarán elecciones autonómicas, las cuartas desde 2010.

La formación anticapitalista CUP ha decidido este domingo no investir al independentista catalán Artur Mas como jefe del gobierno regional catalán, abocando en principio a la región a nuevas elecciones, informaron diversos medios españoles.

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La coalición Junts pel Sí (Juntos por el Sí) obtuvo 62 diputados de 135 en las elecciones regionales del pasado 27 de septiembre y necesitaba el apoyo de al menos dos de los 10 legisladores de la CUP para investir en primera vuelta como presidente a Mas, al que los anticapitalistas ven como el autor de los recortes en la región.

El consejo político de la CUP, máximo órgano del partido, decidía este domingo sobre su postura respecto a la investidura de Mas, después que el domingo pasado la formación llevara a cabo una votación que acabó con un insólito empate a 1.515 votos.

La decisión de la CUP aboca en principio a la región a unas nuevas elecciones regionales, tres meses después de los comicios del 27 de septiembre, ya que Junts pel Sí insistía en la candidatura de Mas como una condición prácticamente innegociable.

El presidente saliente tampoco tiene la opción de buscar otras alianzas, ya que las otras formaciones presentes en el parlamento catalán no apoyan el proceso de indepedencia, que se plasmó en una polémica moción aprobada poco después de las elecciones y que sufre ahora un frenazo.

Los independentistas consiguieron mayoría absoluta en el parlamento regional tras los comicios de septiembre y, a principios de noviembre, aprobaron una polémica moción declarando el inicio de un proceso de secesión en esta rica región de 7,5 millones de habitantes y su insumisión a las instituciones de españolas.

La moción fue anulada por el Tribunal Constitucional, tras un recurso del gobierno central español.

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