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Sandra Pavez, profesora de religión a quien la Iglesia chilena le prohibió hacer clases de religión por ser lesbiana, se presentó ante los medios por primera vez, desde que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, acogiera la demanda interpuesta por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) contra el Estado de Chile, requerimiento basado en la supuesta violación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La demanda del Movilh fue acogida el 21 de julio de 2015 por el organismo internacional al considerarse que, efectivamente, el impedimento de la pedagoga para hacer clases en establecimientos públicos y la constatación de esta restricción por parte de la Corte Suprema vulneró normativas del Pacto de San José como la no injerencia en la vida privada y la igualdad ante la ley.
Sandra Pavez, declaró este martes que «no puede ser que se haga callar a una persona que quiere hablar de Dios por tener una orientación sexual diferente. Lucharé hasta el final para que quede un precedente en la historia».
Y haciendo una síntesis de la situación que la afecta relató que «me dijeron que se habían enterado que era lesbiana y me exigieron que dejara mi pareja y acudiera a un psiquiatra de la Iglesia católica. Yo me negué y nunca más pude ingresar a un aula».
Para concretar la marginación de Pavez de los establecimientos de educación públicos la Iglesia apeló al Decreto 924 de 1984, normativa de la dictadura cívico militar que permite a la jerarquía eclesiástica definir que educadores pueden impartir clases de religión, un recurso legal que, según el Movilh, ha sido usado para discriminar a madres solteras, homosexuales y personas divorciadas.
Respecto de esta normativa, el líder del Movilh, Rolando Jiménez, sostuvo que «es inaceptable que el Estado de Chile le otorgue herramientas a la jerarquía católica para definir quién es idóneo para impartir clases de religión en colegios públicos».
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Y concluyó respecto del proceso de la demanda acogida por el CIDH que “permitirá desarmar la confabulación y vulneración de derechos en el que se hacen cómplices el Estado chileno y las jerarquías de la Iglesia católica».
PUB/CM
