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El Parlamento venezolano transita un camino peligroso en medio de la posibilidad de ser desconocido por el Estado al incurrir en el desacato de una decisión del Supremo de ese país, justo cuando los opositores dan el primer paso hacia una amnistía que podría dejar en libertad a los políticos presos.
La posibilidad de que, desde el legislativo controlado por primera vez por opositores, se generen cambios en el país, peligra cuando apenas se cumplen seis días de haber tomado posesión, lo que arriesga la agenda que los llevó a sus escaños.
Una decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró hoy el «desacato» en el que incurrió el nuevo Parlamento y ordenó la separación de los tres diputados de la oposición que juraron el pasado miércoles, a pesar de recaer sobre ellos una sentencia del máximo tribunal que les suspendía de sus cargos.
Con esta sentencia publicada hoy, el organismo judicial ordenó a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) «dejar sin efecto» su juramento y en consecuencia «proceda con la desincoporación» (separación de los cargos) inmediata de los ciudadanos Nirma Guarulla, Julio Haron Ygarza y Romel Guzamana.
La decisión declaró además «nulos absolutamente» todos los actos de la Asamblea Nacional que se hayan dictado o dicten mientras continúen en ella los tres diputados del estado Amazonas suspendidos cautelarmente y que les impedía tomar juramento de los cargos, tal como habían pedido parlamentarios chavistas el pasado día 7.
Estos tres diputados opositores forman parte de los 112 que fueron elegidos en los comicios del pasado 6 de diciembre y que dieron a la oposición venezolana la mayoría calificada de dos tercios en la AN por primera vez en tres quinquenios y a la que la oposición se niega a renunciar.
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El grupo se redujo a 109 una vez que el chavismo alegara fraude en el proceso de votación y protestara a los ganadores, y presentará un recurso de impugnación contra varios diputados opositores pese a haber firmado dos acuerdos con los que se comprometía a aceptar los resultados.
El presidente de la AN, Henry Ramos Allup, aunque no precisó si acatará o no esta nueva sentencia, rechazó la decisión del Poder Judicial.
Con este dictamen «no cabe duda que el TSJ express está al servicio del gobierno para anular la voluntad popular», dijo Allup en una primera reacción ante la sentencia.
Por su parte, el segundo vicepresidente de la Cámara, el opositor Simón Calzadilla, aseguró que «la mayoría parlamentaria» que ejercen los diputados de la alianza Mesa de la Unidad Democrática (MUD) está «comprometida con el respeto a la Soberanía Popular».
La terquedad de los opositores sobre la investidura de estos tres diputados podría hacer que sus actos sean «nulos» y podrán ser desconocidos por los demás poderes del Estado, según indicó el expresidente del Parlamento chavista Diosdado Cabello.
«La AN entra en desacato, desconoce un poder, nadie en Venezuela tiene por qué reconocer a la AN, o sea que lo que se apruebe en la AN será írrito, ninguna ley tendrá validez», declaró.
Todo esto justo cuando los opositores dan el primer paso hacia la ley de amnistía que podría dejar en libertad a los opositores que se encuentran encarcelados, entre ellos, el líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, que cumple una condena de casi 14 años por la violencia de una protesta antigubernamental.
La presentación incluyó dos proyectos de amnistía que fueron elaborados «por cien catedráticos y académicos a lo largo de todo el territorio nacional que (…) decidió presentar a la Asamblea Nacional las opciones legales y posibles para una amnistía», explicó a la emisora local Unión Radio el director de La ONG Foro penal Venezolano (FPV) Gonzalo Himiob.
La esposa de Lopéz, Lilian Tintori, aseguró que este proyecto lo «va a conocer el mundo, esta ley se está enviando a todos los senados, cámaras de diputados y gobiernos del mundo, para que la lean y nos acompañen en este proceso histórico de la liberación de los inocentes», según dijo tras la presentación de la propuesta.
A la presentación acudieron también los familiares y los abogados de varios opositores en prisión acusados de distintos delitos pero que la oposición de ese país defiende como «presos políticos», entre ellos, la esposa del alcalde metropolitano de Caracas Antonio Ledezma, Mitzy Capriles.
El proyecto que contiene casi 30 artículos y que forma parte de una de las principales propuestas de campaña de los opositores en las legislativas, podría beneficiar no solo a los detenidos durante las protestas antigubernamentales de 2014 sino a «miles» de personas que han sido detenidas por distintos delitos, dijo Himiob.
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