El informe es demoledor y demasiado trascendente como para dejarlo pasar: el último estudio de Paz Ciudadana, que compara los períodos enero-septiembre de 2014 y 2015, revela que el delito de robo con violencia e intimidación aumentó en 18 comunas de Santiago y que a nivel nacional se incrementó en 56 comunas.
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En este tipo de acciones están contenidos los asaltos y también los que hoy se conocen como “portonazos”, denunciados por las víctimas o cuyos autores fueron aprehendidos en flagrancia.
El estudio de Paz Ciudadana entrega una gran cantidad de antecedentes y serán los expertos los que deberán aportar los análisis especializados. Lo que sí fluye a primera vista es que la delincuencia sigue siendo un problema sin solución, que afecta transversalmente a todos los chilenos y que las explicaciones de las autoridades no dejan de ser meros calmantes con la finalidad de ocultar la inacción del Gobierno y el Poder Legislativo para encarar este flagelo. Dicho sea de paso, un trabajo efectivo en contra de la delincuencia es, por lejos, el principal reclamo de la ciudadanía expresado en diversas encuestas de opinión.
El Gobierno y el Congreso son los primeros eslabones en la cadena de prevención del delito que está compuesta además por el Poder Legislativo, las policías, los fiscales, los Tribunales de Justicia, las municipalidades y los vecinos. No cabe duda que esos primeros eslabones han fallado porque no han actuado con la celeridad que el problema requiere y principalmente porque en este país el mundo político camina en sentido contrario a lo que son los problemas y las necesidades de la comunidad.
A estas alturas resulta inconcebible la burocrática tramitación que sufre la denominada Ley Corta Antidelincuencia en los diversos estamentos legislativos. También sorprende la pasividad del Gobierno frente a la necesidad urgente de adoptar medidas en favor de la tranquilidad de los ciudadanos, hecho que contrasta con la agilidad frenética para crear una nueva Constitución Política.
Los datos aportados por Paz Ciudadana refuerzan la idea de que las policías deben contar con las facultades para realizar el control preventivo de identidad, con la finalidad de que Carabineros y la PDI focalice su trabajo en segmentos conocidos del mundo delictual, especialmente cuando por nuestras calles circulan en absoluta libertad más de 66 mil personas con orden de detención pendiente. Frente a este procedimiento se ha tratado de tejer toda una leyenda negra llegándose a decir que atentaría en contra de la libertad de las personas. Independiente de que con ese argumento se desprotege a potenciales víctimas, hay que señalar que el control preventivo de identidad en nada se diferencia con el que realiza el empleado de una línea aérea al embarcar a los pasajeros o el conserje de un edifico al autorizar el ingreso de visitas.
Las noticias que recibimos a diario de las acciones delictuales hablan de la gran cantidad de menores de edad comprometidos en ellas. Ni la justicia ni el sistema penitenciario tienen respuestas adecuadas para abordar esa realidad. Hay que pensar que la internación efectiva en centros de readaptación para jóvenes delincuentes –donde reciban educación y rehabilitación- es una fórmula probada en países que han logrado controlar estas acciones criminales, sobre todo cuando las víctimas son personas o familias que han sido sometidas a amedrentamiento, amenaza, intimidación, sometimiento, secuestro, humillación, agresiones físicas e incluso violación y homicidio.
Son muchas las medidas que se pueden adoptar para actuar con eficacia frente al delito y para disminuir esa permanente sensación de inseguridad en la que vive la población chilena. El aumento de las penas para poner fin de la justicia garantista o la formación del Banco Unificado de Datos para que las policías compartan información, son determinaciones que sólo requieren de voluntad política y por sobre todo que el Gobierno y las instituciones involucradas se hagan cargo de los problemas de las personas.
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El resultado del reciente estudio de Paz Ciudadana es otra consecuencia de la lejanía que existe entre los políticos y las aspiraciones de los ciudadanos. Pero hay algo más: los niveles de delincuencia van en un notable y peligroso aumento por lo que no sería de extrañar que en un futuro cercano y a modo de explicación volvamos a escuchar aquella frase “cada día puede ser peor”.
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