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México investiga si se cometió o no algún delito durante la reunión que sostuvieron los actores Sean Penn y Kate del Castillo con el entonces fugitivo Joaquín «El Chapo» Guzmán, considerado líder del cártel de Sinaloa.
El vocero de la presidencia, Eduardo Sánchez, dijo que se investigan posibles actos ilegales, no a las personas en específico.
Y sin mencionar nombres, añadió que el gobierno de México lamenta «que haya actos de colaboración de cualquier ciudadano con integrantes del crimen organizado».
No sólo la producción de una película sobre la vida de Joaquín “El Chapo” Guzmán, era el vínculo que mantenía cerca a la actriz Kate del Castillo con el narco mexicano.
Y es que el diario El Universal informó que, además, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos se encuentra investigando una supuesta relación financiera entre ambos, la que aunque no es definitiva, se encuentra a la espera de que se logre acreditar la transferencia de recursos desde el capo a la protagonista de “La Reina del Sur”.
Según señala el mismo medio, las indagatorias apuntan a comprobar acuerdos que incluían inversiones de Guzmán en empresas registradas en el estado de Delaware.
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Además, se busca determinar si los vuelos que hizo del Castillo a Sinaloa, para encontrarse con el narco, fueron financiados por el mismo “Chapo” o uno de sus socios.
Según un reporte de las autoridades, los acuerdos entre Kate del Castillo y Joaquín Guzmán podrían constituir una violación a la Ley de Designación de Traficantes Extranjeros en Estados Unidos, donde se prohíbe a los ciudadanos de ese país realizar negocios con líderes criminales que se encuentren incluidos en los registros de la Oficina para el Control de Activos Extranjeros.
Por ende, la actriz podría terminar en prisión acusada de encubrimiento de información, es decir, por no haber denunciado el paradero del capo, con el que mantuvo un encuentro el pasado mes de octubre, acompañada del actor estadounidense Sean Penn.
Sin embargo, el abogado Gabriel Regino afirma que en las acciones de la actriz «no hay delito que perseguir, ni en el Código Penal Federal (de México) ni en EEUU». Según el portal Sin Embargo, por «no tener otra vía», el gobierno mexicano buscará acusar a Del Castillo de haber recibido recursos del narco para la filmación de un documental sobre él y, de esta manera, encarcelarla por presunto lavado de dinero.
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