¿Sabía usted que a partir del 1 de enero empezó a funcionar el Registro Social de Hogares en reemplazo de la Ficha de Protección Social? ¿Sabe usted para qué sirve el registro o la antigua ficha?
Una de las tareas del Estado es ayudar a los más pobres y vulnerables de la sociedad. Como los recursos no son infinitos, se necesita priorizar. Para ello, los países definen a quiénes pueden atender con recursos limitados.
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Así, por ejemplo, el ingreso ético familiar busca apoyar a las familias más pobres del país, no a todas. De igual forma, los subsidios de agua potable y otros buscan también poner foco en los más necesitados.
Con el avance de los años, y en la medida que las sociedades progresan, los servicios y programas estatales empiezan a cubrir un grupo más grande de la población, especialmente cuando existe mayor riqueza que permite recaudar más impuestos y atender a más personas.
Para definir a quiénes ayudar en cada momento del tiempo con los recursos del Estado, se necesita un instrumento que permita identificar la realidad de cada familia y su grado de necesidad y vulnerabilidad.
La Ficha de Protección Social, que quedó atrás el año 2015, buscaba identificar a las familias más vulnerables utilizando cuestionarios donde era la propia familia la que aportaba la información. Ello llevó a demasiados problemas y abusos porque hubo personas –muchas– que aportaban información falsa para esconder su realidad y hacerse pasar por alguien más pobre de lo que verdaderamente era, con el fin de obtener beneficios estatales considerados para los más vulnerables. Estos eran los denominados “falsos pobres”. Esta realidad llevó a que el instrumento que se usaba para focalizar la política social y el gasto público en las familias más necesitadas, perdió fuerza y validez porque se falseaba la información y el país parecía tener mucho más personas vulnerables de acuerdo a la ficha de protección que lo que verdaderamente sucede en la realidad.
Estas y otras consideraciones llevaron a buscar un nuevo instrumento. El gobierno ya lo presentó y se llama Registro Social de Hogares. En la práctica, ya no se usa sólo el autorreporte o la información que aporta la familia. También se usa la información que existe en Impuestos Internos, el Seguro de Cesantía, el Registro Civil, los municipios, entre muchas otras fuentes de información. Esta es una muy buena noticia, porque a partir de ahora se usará información más real y actualizada para ubicar socioeconómicamente a una familia y medir su vulnerabilidad.
La mala noticia, en cambio, es que el gobierno se olvida de los más pobres y vulnerables. El nuevo instrumento está pensado para clasificar a las familias en grupos o categorías, pero no busca determinar el nivel de vulnerabilidad o necesidad específica que tiene un determinado hogar. ¿Cómo vamos a saber entonces qué necesita de verdad una familia en particular? ¿Cómo vamos a poder determinar cuál es el mejor programa social para apoyar a un grupo familiar en un determinado momento del tiempo? Este instrumento despersonaliza la política social y se aleja de la realidad propia de cada familia, información que es vital para que el Estado apoye focalizadamente y con recursos limitados a las familias que están en situaciones de urgencia.
Este diseño –que se preocupa más de excluir a los más ricos que de identificar bien a los más pobres– responde a una visión ideológica y política centrada en buscar consagrar derechos para todos, olvidando que un primer deber del Estado es ayudar a los más vulnerables y necesitados con toda su energía, y cuidando cada peso público que se gasta porque vienen siempre del bolsillo de todos los chilenos.
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