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Colombia promulga ley contra ataques con ácido

El nombre de esta jurisprudencia hace homenaje a Natalia Ponce, que en marzo de 2014 fue atacada en la entrada de su edificio residencial con ácido por un joven que se había obsesionado con ella, Jonathan Vega, del que se dijo que padecía trastornos mentales.

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Colombia, uno de los países con mas altos índices de ataques con ácido, según las autoridades, promulgó este lunes la ley que tipifica este delito y lo sanciona hasta con 30 años de cárcel.

El presidente Juan Manuel Santos condenó este crimen, que se cobra unas 100 víctimas al año, en particular mujeres, durante el acto de promulgación de la norma aprobada en noviembre.

«Es una tragedia que en los últimos seis años han tenido que enfrentar 600 colombianos, es decir, 100 al año», señaló Santos desde la presidencial Casa de Nariño, junto a Natalia Ponce de León, víctima y luchadora destacada contra este flagelo.

«No queremos seguir ocupando la deshonrosa posición de ser (uno) de los países en los primeros puestos entre los países del mundo frente a los registros de ataques con ácidos», enfatizó el mandatario.

Ponce, quien compareció por primera vez con la cara al descubierto, tras casi dos años de ocultar su rostro con una máscara, destacó que la nueva ley llena «un grave vacío legal que sin duda contribuirá a prevenir los cobardes atentados que muchos hemos sufrido».

El Congreso «supo vencer obstáculos legales e intereses negativos para que este tipo de ataques fueran calificados como un delito autónomo y sus penas fueran más severas», enfatizó.

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Ponce, una treintañera cuya historia fue narrada el año pasado en el libro «El renacimiento de Natalia Ponce de León», de la periodista Martha Soto, fue atacada con un litro de ácido por su exnovio en marzo de 2014.

Desde entonces, ha sido sometida a más de una quincena de cirugías por las quemaduras que sufrió en la cara, las extremidades y el abdomen.

Santos insistió en que la nueva ley busca perseguir la compraventa de ácido, que puede dejar deformaciones permanentes en las personas, y crear una unidad de atención para víctimas de los ataques con esta sustancia.

La norma establece además que no habrá concesión de beneficios para quienes cometan este delito.

 

PUB/IAM

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