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La política de seguridad adoptada por Francia tras los atentados del 13-N llevó a dimitir este miércoles a la ministra de Justicia, Christiane Taubira, adalid de la izquierda en el seno del gobierno socialista.
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La dimisión de la ministra fue anunciada por la presidencia el mismo día en que el primer ministro, Manuel Valls, prevé presentar ante los diputados el texto definitivo del proyecto de reforma constitucional, que incluye el estado de emergencia y la retirada de la nacionalidad para los autores de crímenes terroristas.
«A veces resistir es quedarse, a veces resistir es irse. Por fidelidad a uno mismo, a nosotros. Para (dar) la última palabra a la ética y al derecho», comentó Taubira en Twitter tras anunciarse su dimisión.
De 63 años y natural de la Guayana francesa, Taubira, mujer de gran cultura, de fuerte personalidad y excelente oradora, era uno de los blancos favoritos de las críticas de la oposición de derecha y de extrema derecha desde que hizo adoptar la ley sobre el matrimonio homosexual, y fue objeto a menudo de insultos racistas por ser negra.
Fue reemplazada en el cargo por Jean-Jacques Urvoas, allegado de Manuel Valls y especialista de cuestiones de seguridad, que presidía hasta ahora la comisión de leyes de la Asamblea Nacional (Cámara Baja).
Se necesita en el gobierno una «ética colectiva y una fuerte coherencia», declaró el miércoles el presidente francés, François Hollande ante el consejo de ministros, según el portavoz del gobierno.
– Salir del atolladero –
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La derecha y la extrema derecha se congratularon el miércoles por su dimisión. «Es una buena noticia para Francia», declaró la presidenta del ultraderechista Frente Nacional, Marine Le Pen, acusando a Taubira de haber «degradado» la seguridad y «debilitado la autoridad del Estado» con una política penal «laxista».
«La dimisión de Christiane Taubira es lógica, no estaba ya en coherencia con el gobierno», estimó el diputado Hervé Mariton, del partido de derecha Los Republicanos.
Taubira, que en tanto que ministra de Justicia debía defender ante el Parlamento la reforma constitucional, no ocultó nunca su oposición a la retirada de la nacionalidad a las personas nacidas francesas pero que tienen doble nacionalidad (medida posible ya en la ley francesa para los naturalizados) y a su inscripción en la Constitución.
Esa medida fue anunciada por Hollande después de los atentados del 13 de noviembre y era reclamada por la oposición, pero dividió a la izquierda, donde se considera que crea una diferencia entre los ciudadanos, tema sumamente sensible en Francia, donde se estima que más de tres millones y medio de personas tienen doble nacionalidad.
Varios de los autores de los atentados cometidos en Francia en 2015 tenían la nacionalidad francesa, pero la medida no tendrá ningún efecto sobre ellos, ya que todos murieron en ataques kamikazes o en enfrentamientos con la policía.
Para salir de ese atolladero, el texto que será presentado por Valls suprimirá la referencia a la doble nacionalidad en la Constitución, pero de hecho esa sanción no podrá concernir a las personas que tienen solamente la nacionalidad francesa, dado que las convenciones internacionales prohíben la creación de apátridas.
Desde hacía varios meses, Christiane Taubira estaba en desacuerdo con la política del gobierno, y expresó públicamente sus divergencias respecto a la ley sobre los servicios de información, sobre el giro liberal en economía o sobre las «palabras de la derecha» adoptadas por la izquierda en materia de seguridad. Pese a ello, había permanecido en el gobierno.
Después de los atentados, la ministra, cuyo discurso progresista desentonaba en período de emergencia, se vio cada vez más aislada. Otras figuras de la «izquierda de la izquierda», como Benoît Hamon, Arnaud Montebourg o la ecologista Cécile Duflot se habían ido ya del gobierno.
Numerosos políticos de izquierda rindieron homenaje el miércoles a Christiane Taubira, ensalzando su «valentía» y manifestándole «respeto» y «afecto».
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