El acrónimo que por décadas identificó a la capital mexicana, el DF o Distrito Federal, desaparece oficialmente este viernes. Pero la rebautizada Ciudad de México no sólo cambia de nombre, también de estatus: se emancipa del gobierno y adquiere competencias similares a las de los estados.
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La capital mexicana tendrá su propia Constitución y Congreso, podrá legislar en materia de seguridad y finanzas, aprobar o rechazar reformas constitucionales o acceder a millonarias ayudas federales que hasta ahora le eran vedadas.
El jefe de gobierno o alcalde, que adquirirá funciones parecidas a las de un gobernador pero sin tener ese título, será el encargado de nombrar a su jefe de seguridad y de policía en lugar de hacerlo el presidente mexicano, y la capital podrá contratar deuda pública sin el consenso del Congreso Federal.
La transformación de la ciudad empieza a formalizarse este viernes con la promulgación de la reforma política capitalina por parte del presidente Enrique Peña Nieto y culminará en 2017 con la aprobación de la nueva Constitución.
De este modo, la superpoblada y progresista capital mexicana estrena oficialmente acrónimo, CDMX, y arranca el camino para convertirse en una reformada «entidad federativa» del país y prácticamente sea el 32° estado de México.
– El control de la Presidencia –
Atrás quedarán los casi dos siglos de vida del Distrito Federal, la sede de los poderes federales, que inicialmente fue delimitada como «la plaza mayor y su radio de dos leguas» y que llegó a llamarse también Departamento de México o Departamento del Valle de México.
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Por décadas funcionó como un apéndice del poder presidencial, que elegía y destituía a sus gobernadores o regentes.
Fue apenas en 1997 cuando los capitalinos eligieron en las urnas a su primer jefe de gobierno o alcalde.
Desde entonces, la capital se ha convertido en un contrapoder del gobierno federal ya que ha quedado siempre en manos del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), que ha impulsado leyes pioneras como la del aborto o el matrimonio homosexual.
«El Distrito Federal fue perdiendo autonomía con los años y, entre 1940 y 1980, cuando el Partido Revolucionario Institucional (PRI, de Peña Nieto) fue completamente disciplinado alrededor de la figura del presidente, fue la etapa de mayor control de la presidencia», explica a la AFP Nicolás Loza, investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).
«La situación de ahora acerca la capital más hacia como era en el siglo XIX pero sin ser convertido en un estado», porque la Ciudad de México tiene la limitante de seguir regida por el artículo 122 de la Constitución como sede de los poderes federales lo que «la hace un poco frágil en materia constitucional», estima el experto.
– La «cuchara grande» de partidos tradicionales –
La reforma ha sido impulsada por el alcalde y precandidato presidencial Miguel Ángel Mancera, que ganó la elección en 2012 bajo las siglas del PRD aunque se considera un «independiente» y no milita en él.
Y, aunque ha sido una batalla de años, el proyecto no ha dejado satisfecho a todos.
En el centro de la polémica se encuentra la Asamblea Constituyente que deberá conformarse en junio: 60 de sus diputados serán elegidos en las urnas pero 40 serán designados: seis los elegirá el gobierno federal, seis más el actual alcalde y 28 el Congreso federal, donde el partido de Peña Nieto y el conservador Partido Acción Nacional (PAN) tienen un peso importante.
Sectores críticos, incluso dentro del PRD, han denunciado que la asamblea que diseñará la nueva Constitución capitalina tendrá un peso demasiado grande del partido de Peña Nieto y el PAN sin tener en cuenta, por ejemplo, que Morena -el partido del excandidato presidencial y exalcalde Andrés Manuel López Obrador- ganó mayoritariamente en las recientes elecciones delegacionales de la capital.
«El gobierno de la ciudad ha decidido aliarse con Los Pinos. Se corre el riesgo de que esa Constitución se redacte en Los Pinos», la residencia oficial del presidente, aseveró en diciembre el senador del PRD Mario Delgado.
Para Nicolás Loza, esta discusión se entiende porque «hay un problema real de cómo lograr que todos los intereses estén representados» en una asamblea constituyente que escribirá la norma que regirá a la capital los próximos años.
Los partidos tradicionales «se han servido con la cuchara grande y el PRD ha sido aquiescente con esa fórmula. Si legalmente es posible excluir a Morena, políticamente no me parece aconsejable», cree el investigador.
El nuevo estatus de la Ciudad de México se desmarca del que mantienen Washigton DC (Distrito de Columbia) o Brasilia, que siguen dependiendo fuertemente de sus gobiernos.
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