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Jueces: situación de reos en cárceles constituye una violación a tratados de DDHH

Los funcionarios indicaron que los resultados del informe sobre estándar carcelario en el país muestran “una flagrante violación de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y de las Reglas Mandela”.

La Asociación Nacional de Magistrados afirmó este viernes que la situación en las cárceles de la Región Metropolitana es una «flagrante violación» por parte del Estado chileno de los tratados internacionales de Derechos Humanos. 

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De esta manera, la Comisión de Derechos Humanos y Género de la asociación se pronunció sobre el informe dado a conocer por parte de la Corte de Apelaciones de Santiago sobre la situación de las unidades penales de la jurisdicción. 

Según una declaración de los magistrados, «dicho informe revela de manera clara las deficiencias del sistema carcelario y la insuficiencia de medios con los cuales se está afrontando la realidad de la privación de libertad en nuestro país», por la carencia de medios materiales y económicos y la sobrepoblación penal. 

«La situación descrita constituye una flagrante violación por parte del Estado Chileno de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y de las Reglas Mandela, que constituyen estándares mínimos de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos», señala la declaración de los magistrados. 

Más adelante, la nota indica que «valoramos que la Corte de Apelaciones de Santiago haya visibilizado esta realidad, sin embargo, esta situación ya había sido visibilizada por Jueces de Garantía que fueron reprendidos y hasta sancionados por develar con celo y estricto apego a su misión institucional aquellos actos de flagrante vulneración de derechos humanos que institucionaliza el sistema carcelario chileno». 

«Como Comisión de Derechos Humanos y Género de la Asociación Nacional de Magistrados nos sentimos en la obligación de declarar de manera abierta, clara y categórica que la situación descrita resulta absolutamente atentatoria de los Derechos Fundamentales de los privados de libertad y corresponde a la autoridad su pronta y efectiva solución», añade la declaración 

Finalmente, pide terminar con «las violaciones de derechos sufridas por imputados/as y condenados/as, toda vez que ellos sólo deben estar privados de su libertad ambulatoria y resulta a todas luces evidente, en el actual estado de cosas, que son muchos otros los derechos afectados». 

PUB/VJ

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