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Generar una política laboral de alimentación para los trabajadores chilenos es el objetivo del nuevo Proyecto de Ley que se presentó hoy ante la Comisión del Trabajo del Senado.
Las cifras que sustentan el proyecto son parte de un estudio macroeconómico desarrollado por la Universidad Alberto Hurtado el primer semestre de 2015, donde quedó demostrado que si el gasto en alimentación es óptima un 1%, esto tiene un efecto positivo de 0,1% en la productividad acumulada en los próximos cinco años. Por otro lado, el estudio reveló que los efectos sobre el PIB son del 0,3% en cinco años. Esto equivale a casi US$ 6 mil millones extras para la economía nacional y US$ 1.100 extras de presupuesto fiscal.
“Los datos nos indican que 4 de 10 empleados no tienen ningún beneficio de alimentación, es decir, no está contemplado en sus remuneraciones ni en sus acuerdos colectivos respecto de las consideraciones de la empresa”, sostuvo la senadora Carolina Goi, quien junto a la CUT, presentaron esta mañana el proyecto de ley.
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La senadora advirtió que un 20% no dispone de un lugar físico donde poder almorzar y un 30% de los trabajadores no almuerza regularmente. “Esto sin duda es una merma en su productividad y una preocupación que debemos asumir como país pero también por parte de las empresas. Por este motivo, reconocemos con esta moción la alimentación como Derecho Humano y hacemos una modificación al Código del Trabajo que establece que en aquellos casos en que se entregan bonos de alimentación, estos van a constituir renta, no así en aquellos casos en que la empresa garantiza la alimentación de los trabajadores. Esto sigue las prácticas de los países más desarrollados y de los miembros de la OCDE”, afirmó Goic.
