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El presidente ha sido acusado de que su ex pareja Gabriela Zapata, con la que tuvo un hijo, que según él falleció, es una ejecutiva de 28 años, sin título universitario, de la empresa china Camc, que ha obtenido varios contratos millonarios del gobierno boliviano y maneja una cartera de 560 millones de dólares.
«Es la primera vez que una denuncia de corrupción con pruebas ha tocado al presidente», dice a la AFP el analista político Carlos Cordero, que recuerda que Morales llegó al poder en 2005 con el mensaje de que era la «reserva moral del país».
Morales reconoció que había conocido en 2005 a Gabriela Zapata, entonces de 18 años, y tuvo un hijo con ella dos años después, pero a raíz del fallecimiento del bebé se distanciaron y no volvieron a verse, lo que contradice una foto tomada el pasado en el Carnaval de Oruro.
Las contradicciones en las que ha incurrido el presidente y sus colaboradores más cercanos, entre ellos el propio vicepresidente Álvaro García Linera, no han hecho más que exacerbar la furia de sus detractores.
Mientras el vicepresidente aseguró que Zapata empezó a trabajar como gerente comercial en CAMC en 2015, ella asegura que fue en 2013. Tampoco hay acuerdo en el número de proyectos que la empresa china ganado del gobierno: siete según el gobierno, cinco según la empresa.
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El presidente pidió al Congreso, controlado por su partido Movimiento Al Socialismo (MAS), que investigue las denuncias de tráfico de influencias. «No tenemos nada que ocultar», dijo el jueves.
Y a la Contraloría le ha pedido que investigue «los procedimientos administrativos» en el proceso de contratación entre el Estado y la empresa china.
– Riesgo de derrota por el «Zapatazo» –
Este escándalo ha estallado en los días previos al referéndum convocado por el propio gobierno para reformar por segunda vez durante el mandato de Morales la Constitución y permitir que se vuelva a presentar a las elecciones de 2019 para un cuarto mandato.
«El partido es el que ha sembrado los vientos y ahora está cosechando tempestades», alega Cordero, quien considera que el gobierno «se ha vuelto ineficiente y tolerante con la corrupción».
Aunque es el primer escándalo que salpica de lleno a Morales, la imagen del gobierno empezó a deteriorarse el pasado año con un caso de corrupción que salpicó al Fondo Indígena por la malversación de 200 millones de dólares destinados a las comunidades indígenas y que le costó el puesto a la ministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo.
Pese al legado económico, político y social impresionante de Morales, un indígena aymara, su victoria en el referéndum del 21 de febrero no está garantizada.
Según un sondeo realizado por Equipos Mori, que publica este viernes el diario El Deber, los partidarios y los detractores de la reelección están empatados en un 40%. El 18% de indecisos tendría la llave de sus ambiciones, según esta encuesta realizada antes del último escándalo bautizado por los bolivianos como el «Zapatazo», en alusión al apellido de la expareja.
El investigador de América Latina del Real Instituto Elcano, Carlos Malamud, recuerda a la AFP la fractura política entre la población rural y urbana. «En las ciudades el apoyo a Evo va en retroceso», recuerda antes de agregar que una victoria en el referéndum le daría «legitimidad» para enfrentar un contexto económico cada vez más difícil.
Un rechazo sería el primer revés que sufriría Morales –uno de los pocos supervivientes que quedan en la región de la tendencia del Socialismo del siglo XXI instaurada por el venezolano Hugo Chávez–, que hasta ahora ha ganado todos los escrutinios por mayoría aplastante.
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