La Contraloría General de la República ordenó revisar el contrato entre Aguas Andinas y AES Gener que viabilizó el polémico proyecto hidroeléctrico Alto Maipo luego de casi cinco años.
Así lo consigna el medio Diario Financiero, que señala que fue en 2011 (y con varios años de negociaciones encima) que ambas empresas sellaron la forma en que ejercerán sus respectivos derechos de aprovechamiento de agua del mencionado proyecto (que también cuenta con el brazo minero de los Luksic), que además operará a partir de agua proveniente del embalse El Yeso y las lagunas Negra y Lo Encañado, ubicadas en la zona del Cajón del Maipo.
Un grupo de parlamentarios, encabezados por el senador socialista Alfonso de Urresti, enviaron una solicitud al nuevo contralor, Jorge Bermúdez, quien determinó que la Superintendencia de Servicios Sanitarios (Siss) deberá pronunciarse respecto de dos materias concretas, para lo cual dispone de un plazo de 15 días, el que debiera expirar el próximo 2 de marzo.
El primer punto es revisar si el convenio representa una amenaza para la cantidad y calidad del agua que la sanitaria utiliza para prestar su servicio.
Segundo: si el uso dado a las aguas, así como las obras de infraestructura que compromete Aguas Andinas en el convenio, se ajustan o no a su objetivo único como concesionaria de servicios sanitarios. Esto, porque la regulación dice que cuando una sanitaria obtiene beneficios adicionales con la infraestructura de su concesión, debe traspasarlos a tarifas, lo que usualmente negocia con la Siss.
De hecho, a fines de 2014 y en su proceso tarifario Aguas Andinas acordó con la SISS que cuando Alto Maipo opere y ellos reciban ingresos, aplicarán una rebaja de 1,3% en sus tarifas, descuento que luego revisarán en su siguiente fijación tarifaria, la que tendrá lugar en 2020.
