El Consejo para la Transparencia presentó este lunes los resultados del VII Estudio Nacional de Transparencia, destinado a evaluar la recepción ciudadana respecto de la la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, destacando entre los resultados que un 57% de los chilenos considere que los organismos públicos son “muy corruptos”. Este resultado implica un alza de 6 puntos respecto a la medición realizada en 2012.
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Sobre la extensión de la corrupción, el estudio reveló que un 54% de los consultados considera que “mucha gente está involucrada” mientras que un 84% cree que por lo general las personas involucradas en hechos de corrupción no son castigadas por estos delitos.
Pese a ello, el 51% de los chilenos cree que hoy, estos delitos son más fáciles de detectar que hace cinco años, situación que puede relacionarse con la existencia de mecanismos de acceso a la información pública para exponer estos casos y así combatirlos.
En materia de transparencia, se preguntó a los encuestados ¿qué se entiende por «transparencia en los organismos públicos»? y el resultado fue la asociación que se hace entre transparencia y acceso a la información pública, así como una cercanía conceptual entre ser transparentes y confiables («honestidad»).
En tanto, otra manera en la que se manifiesta desconfianza en el sector público es en relación a la percepción de las capacidades de las personas que ostentan los cargos de responsabilidad pública para llevar a cabo la conducción del país.
Entre el 81% y el 91% de los chilenos tiene poca o ninguna confianza en dichas capacidades para resolver los problemas del país, según la categoría de función por la que se consulte (políticos, jueces, parlamentarios, autoridades políticas).
Sólo un 21,8% de los chilenos considera que el conjunto de instituciones y grupos de personas evaluadas están preparados para ejercer sus funciones, un 11,3% considera que orientan su actuar al bien común y sólo un 10,5% considera que son íntegros.
Sin embargo, en contraposición a este escenario de crítica y desconfianza hacia el Estado, se encuentra la política pública de la Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública, donde la Transparencia opera como un supuesto base de la confianza en el Estado, generando tanto conocimiento como expectativas concretas en los ciudadanos respecto de sus interacciones con el sector público.
