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“Garantizar el derecho a la educación”. Con estas palabras la subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga, manifestó cuáles son los alcances de la Ley de Inclusión que comienza a regir en el país a contar del próximo martes 1 de marzo, y que ha generado dudas entre los apoderados y los establecimientos educacionales, porque esta normativa impide que los alumnos sean sancionados por no utilizar el uniforme escolar completo.
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Ante esta discusión, la autoridad sostuvo que «los establecimientos deben tener un reglamento interno y debe ser respetado por la comunidad, y la familia tiene que estar en conocimiento de éste, son acuerdos que la familia y el establecimiento deben respetar».
Por su parte, el superintendente de Educación, Alexis Ramirez, reforzó los dichos de Quiroga asegurando que con la ley se plantea el derecho del niño por sobre estas peticiones legítimas de los establecimientos (…) El uniforme escolar lo decide cada establecimiento y puede ser obligatorio según cada establecimiento. Lo que planteamos es que dentro de las sanciones no se margine a los estudiantes por no acudir con uniforme».
Por otra parte, la subsecretaria reiteró que la Ley de Inclusión busca seguramos que los recursos vayan a la educación».
En este sentido el secretario ejecutivo de la Reforma Educacional, Andrés Palma, sentenció que con la nueva ley “los padres y madres de familia pueden estar muy tranquilos con el inicio de la entrada en vigencia de la Ley de inclusión escolar porque en los establecimientos educacionales no hay ningún cambio fundamental a partir del 1 de marzo”.
“Desde el punto de vista de la actividad docente, de la actividad académica, los establecimientos van a seguir funcionando igual como funcionaban hasta este momento, con algunos cambios bien importantes en la organización y recursos de los establecimientos”, agregó.
En esta línea cabe mencionar que los colegios que reciben subvención escolar preferencial (SEP) contarán desde esa fecha con $56.659 por niños para los alumnos de primero a sexto básico -hasta el año pasado la subvención llegaba a $47.236 por niño- y en el caso de los colegios con alumnos de séptimo a cuarto medio va a subir desde $31.881 a $37.761 un incremento de 20%. Estos recursos beneficiarán a más 9 mil establecimientos.
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Palma aclaró además que si el establecimiento es gratuito y está en SEP podrán recibir, adicionalmente la «SEP ampliada» para alumnos preferentes ($23.618 de primero a sexto básico y de $15.740 de séptimo a cuarto medio). Los establecimienos que declaran no tener fines de lucro y estén en SEP, recibirán además el aporto por gratuidad de $5.809 por cada uno de sus alumnos.
PUB/NL
