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A seis años del terremoto del 27 de febrero de 2010, se han interpuesto en los juzgados civiles un total de 63 demandas indemnizatorias «por falta de servicio», ya que las autoridades no dieron la alerta de maremoto.
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De estas 63 acciones judiciales, en la actualidad sólo están vigentes 52. Todas ellas se han presentado en contra del Consejo de Defensa del Estado (CDE) -que defiende al fisco en esta arista civil del caso 27-F- en las ciudades de Santiago, Valparaíso, Talca, Chillán, Talcahuano y Concepción.
Las cuantías comprometidas -o indemnizaciones que se están solicitando- suman un poco más de $91 mil 371 millones. De las 63 presentaciones por la muerte de personas producto del maremoto de 2010, 46 se interpusieron en regiones, lo que equivale a un 73,02%. A la fecha, de estas solo están en tramitación 40 causas en las cuales se pide un monto total de $68.066.400.000. En los tribunales de Santiago se presentaron 17 causas, que representan un 26,98%.
De estas acciones judiciales, se terminaron cinco, por lo que quedan en los tribunales para fallo 12 vigentes, por un monto total de $23.305.300.000. Esta arista civil es distinta a la penal que investiga la Fiscalía Metropolitana Occidente, en la cual se está a la espera de la preparación del juicio oral. Actualmente hay seis acusados por cuasidelito de homicidio, entre ellos el ex subsecretario del Interior, Patricio Rosende, y la ex directora de Onemi, Carmen Fernández.
Causas finalizadas
En la actualidad, solo se han finalizado 11 causas por distintas vías, del total de 63 demandas. Cuatro de ellas, han sido con sentencias de la Corte Suprema, de las cuales tres fueron favorables para el fisco en donde el máximo tribunal acogió la tesis del CDE y rechazó recursos de casación de demandantes en las causas relacionadas con la muerte de Juan Soto Repiso y lesiones de su acompañante.
Solo una demanda terminó con sentencia desfavorable para el Consejo de Defensa del Estado, en ella el máximo tribunal condenó al fisco a indemnizar en 55 millones de pesos a la familia de Mario Segundo Ovando. Otros dos procesos concluyeron por abandono de procedimiento y otros cinco, por incompetencia del tribunal. Los familiares alegan falta de servicio de las autoridades de la Onemi, Shoa, quienes no dieron la alerta de tsunami, por ello piden indemnizaciones por el daño moral que les causó la muerte trágica de sus seres queridos. Hay otras demandas en las que se argumenta que los fallecidos escucharon por radio por parte de autoridades que no existía alerta de maremoto.
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