La Corte de Apelaciones de Santiago ordenó a Carabineros de Chile entregar información relativa a los procesos disciplinarios iniciados por la institución en el contexto del denominado caso Alto Hospicio, que refiere a 14 muchachas menores de edad que fueron violadas y asesinadas entre los años 1998 y 2001 en la comuna de Alto Hospicio, Región de Tarapacá.
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La resolución fue adoptada por la Segunda Sala de febrero del tribunal de alzada y desestimó así el reclamo de ilegalidad interpuesto por la institución policial en contra de la decisión del Consejo para la Transparencia, que ordenó entregar los datos relacionados con las sanciones aplicadas por la institución en la indagatoria por la desaparición y fallecimiento de las menores.
La resolución determina que la publicidad es el principio rector de los actos del Estado y, por lo tanto, Carabineros no puede denegar la información solicitada aduciendo a la pérdida de los antecedentes de los procedimientos administrativos.
«(…) el principio rector de publicidad debe imperar, no sólo por la prioridad que la propia Constitución Política de la República otorga a dicho principio rector, sino porque Carabineros de Chile no ha invocado ninguna causal legal de reserva que pueda amparar su silencio en proporcionar lo requerido”, advierte el fallo del tribunal de alzada.
Como “Caso Alto Hospicio” se conoció la seguidilla de crímenes de 14 adolescentes cometidas por Julio Pérez Silva, quien tras ser hallado culpable fue condenado a cadena perpetua.
Bautizado como «el sicópata de Alto Hospicio», Pérez Silva fue responsable de los 14 crímenes y de un homicidio frustrado, todos los cuales cometió cuando trabajaba como taxista e interceptaba a las jóvenes.
De acuerdo a lo que se comprobó judicialmente en su momento, luego de violar y asesinar a las muchachas, arrojó sus cuerpos a piques mineros abandonados de los alrededores de esa zona del norte del país.
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