La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que despenaliza el aborto por tres causales: inviabilidad fetal, riesgo vital y violación. Ahora continúa su tramitación en el Senado. Esto constituye un enorme avance para el derecho de las mujeres. Se reestablece una normativa que hace más de 30 años existía en nuestro país. El año 1967 bajo el gobierno de Eduardo Frei, la interrupción del embarazo por razones terapéuticas fue una legítima prestación de salud, reconocida por la comunidad médica, y por la ciudadanía, pero a fines del año 1989, la dictadura militar estableció una prohibición absoluta.
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En una sociedad democrática debe existir respeto al derecho de la mujer a decidir, especialmente cuando se ve enfrentada a situaciones tan complejas y dolorosas como en estas tres causales, resguardando así sus derechos fundamentales, especialmente el derecho a la vida, a la integridad física y síquica, a la igualdad y sus derechos sexuales y reproductivos.
La gran mayoría de los países del mundo regula la interrupción del embarazo en estas causales y entrega una norma jurídica que protege a las mujeres. Estamos dentro de los seis países que prohíben y criminalizan cualquier interrupción del embarazo. Esto constituye un conservadurismo anómalo. Chile tiene una sociedad que avanza y el Estado tiene el deber de velar por el bien común de las personas, respetando sus derechos.
Cuando se sanciona a las mujeres que se realizan un aborto, criminalizándolas e imponiéndoles penas de cárcel, no nos estamos haciéndonos cargo de la problemática. Cuando una mujer se ve enfrentada a una difícil situación, de la cual ella no es responsable, y además le quitamos la libertad de decidir qué hacer, de cómo enfrentar esa situación, lo único que estamos haciendo es dejar a miles de ciudadanas desamparadas. Al criminalizarlas, Chile les entrega un trato indigno a las mujeres.
La introducción de esta nueva legislación viene a reafirmar un derecho inalienable que tenemos todas las mujeres, el derecho a decidir sobre su cuerpo. Este proyecto no les impone una obligación a las mujeres, lo que se les está entregando es una facultad, una opción, lo que se traduce en la entrega de valores inherentes a todo ser humano, como es la libertad y la dignidad.
Dejemos de lado las ataduras del pasado, miremos el mundo actual y el futuro, nuestras leyes deben ir evolucionando y no pueden ir contra la sociedad. Debemos superar los conservadurismos y entregar a Chile lo que se merece: libertad.
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