En una columna publicada en este medio, la senadora Lily Pérez emitió comentarios injuriosos, acusando de “flojera” a integrantes indeterminados de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, debido a que este tribunal no acogió su solicitud de enviar una sala del mismo a sesionar fuera de su sede legal, a la provincia de Aconcagua.
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No cabe descender al plano en que su comentario se situó, pues los jueces no confundimos la crítica con el insulto.
Sin embargo, es necesario precisar que sus expresiones, además de irrespetuosas, revelan total desconocimiento de la realidad.
Más allá de la legalidad de su propuesta, suponer, como ella lo hace, que en una provincia no exista administración de justicia porque no sea sede de Corte de Apelaciones, no obstante que sus principales centros urbanos cuenten con juzgados de todas las materias, es una afirmación cuya seriedad le corresponde apreciar a la ciudadanía.
Atribuir a pereza la negativa de esta Corte a la itinerancia de una de sus salas, en cambio, es desconocer por completo el funcionamiento del tribunal, la forma de integración de las salas y la realidad jurisdiccional de la región, en la que, por ejemplo, esta Corte funciona con similar ingreso al de la de Concepción y con más ingreso que la de San Miguel, pero, respecto de ambas, con una sala (tres ministros) de menos, y ello sin registrar atraso alguno.
Enviar tres integrantes a sesionar a Aconcagua (¿y por qué no a San Antonio, o a Isla de Pascua?) implicaría desguarnecer la Corte para la vista de procesos urgentes que se agregan en el día o de un día para el otro, y dificultar la vista de la tabla completa, que es lo que nos esforzamos por hacer a diario.
Si la senadora entiende que es necesaria una Corte de segunda instancia en Aconcagua, suya, y no nuestra, es la iniciativa legal para proponer su creación.
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La falta de tribunales suficientes, cuando es el caso, se soluciona creando nuevos y no desmembrando los existentes, pues eso, como es obvio, lejos de solucionar un problema genera otros, en este caso respecto de una Corte que está al día y que cumple los estrictos tiempos de tramitación, número de procesos vistos en cada jornada y dictación de fallos, establecidos institucionalmente.
Los cumple, precisamente, porque todos: ministros, relatores y funcionarios, trabajamos con seriedad y dedicación.
Toda institución puede recibir críticas pero, aparte del obligatorio respeto al formularlas, nuestra Corte, y con ella toda la Judicatura, puede orgullosamente decir que ni la pereza, ni la corrupción, encuentran aquí arraigo alguno.
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