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El Sernac realizó una mediación colectiva con 23 universidades, y que comprendió la revisión de los contratos e instrumentos de crédito, entre ellos, letras de cambio, pagarés, que debían firmar los estudiantes o sus avales al ingresar a las entidades educacionales, para garantizar el pago de los servicios.
Tras esta gestión, se logró que 17 de estas casas de estudio ajustaran sus contratos, eliminando cláusulas que a juicio del organismo eran abusivas y perjudicaban los derechos de los estudiantes y sus apoderados. Es decir, un 74% de las instituciones que participaron en esta instancia aceptaron las indicaciones propuestas .
Entre las cláusulas abusivas eliminadas destacan:
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• Disposiciones que contenían autorizaciones amplias para el tratamiento y comunicación de los datos personales de los estudiantes.
• Cláusulas que permitían modificaciones unilaterales a los planes, programas y mallas educacionales, al sólo arbitrio de la universidad y sin señalar causales objetivas que la justifiquen.
• Condiciones que permitían suspender unilateralmente el servicio educacional ofrecido y contratado, por el no pago del o los aranceles del servicio.
• Cláusulas que imponían barreras de salidas al contrato, en caso de retiro, suspensión y/o abandono del alumno del establecimiento educacional.
• Artículos que contenían eximentes de responsabilidad amplios y en perjuicio del alumno.
• Disposiciones que contenían mandatos amplios e irrevocables, y que no incluían la obligación de rendir cuenta.
• Obligaciones que imponían renuncias anticipadas de derechos, al disponer que los estudiantes aceptan y conocen los términos y condiciones de la normativa interna de la universidad.
Por otro lado, el Sernac demandó colectivamente a cuatro universidades que no estuvieron dispuestas a eliminar de sus contratos aquellas cláusulas, se trata de la Santo Tomás, San Sebastián, Mayor y Central, con lo que se busca que la justicia declare nulas dichas disposiciones, las cuales van en contra de lo que establece la Ley de Protección de los Consumidor, y les aplique las multas respectivas.
Por otro lado, la entidad está analizando el caso de dos universidades con las que aún no se logra un acuerdo: se trata de la Universidad de Aconcagua y la Universidad de Valparaíso. En caso de no conseguir que ajusten sus contratos, no se descarta demandarlas colectivamente ante la justicia.
Reclamos recibidos durante el 2015
Durante el año 2015, el Sernac recibió 3.259 reclamos en contra de universidades, centros de formación técnica (CFT) e institutos profesionales (IP), lo que implicó una disminución de un 16,7% respecto del mismo periodo del año anterior (3.914 casos).
En año 2015, la mayor cantidad de reclamos se concentró principalmente en las universidades, en tanto, que los IP fueron la segunda categoría más reclamada, y en tercer lugar se ubicaron los CFT.
De los reclamos del año 2015, un 34% fueron por incumplimiento en las condiciones contratadas, por ejemplo, por cambios en la situación de acreditación de la casa de estudio, alza injustificada de arancel, modificación de las mallas académicas; mientras que un 18% fue por mala calidad del servicio, esto es, problemas para tomar ramos, inconvenientes para postular a becas, falta de docentes para dictar ramos, retrasos en entregas de certificados, entre otros.
Por otro lado, y con el fin de analizar la publicidad emitida por las instituciones de educación superior, la entidad realizó además un monitoreo de los mensajes difundidos entre el 1 de diciembre de 2015 y el 11 de enero de 2016 en medios de prensa escritos de circulación nacional, radio y televisión.
Tras la investigación, que incluyó 53 piezas publicitarias, se detectó letra ilegible, frases que deben ser comprobables y falta de información respecto de la oferta institucional y de acreditación.
Ante esta situación, el Sernac denunció a Universidad Gabriela Mistral, Universidad Iberoamericana, UNIACC y Universidad Autónoma.
Además, ofició a otras 21 entidades de educación superior, incluidas a dos de las denunciadas (Gabriela Mistral y Autónoma), para que ajusten sus piezas publicitarias a los estándares que establece la Ley de Protección del Consumidor.
«Año tras año ingresan miles de estudiantes a las universidades chilenas y muchas veces hemos visto que sus derechos son vulnerados. Como Sernac queremos eliminar de raíz las cláusulas abusivas en los contratos que deben firmar los estudiantes», enfatizó el director del organismo, Ernesto Muñoz.
La autoridad recordó que los alumnos y sus apoderados tienen derecho a contar con información veraz y oportuna de las condiciones relevantes del servicio, como su precio, formas de pago, y a recibir el servicio prometido, esto es, mallas académicas, títulos a los que se accede.
Universidades reaccionan
Consultamos a las universidades demandadas por el Sernac. Desde la Universidad San Sebastián, su rector Hugo Lavados, explica que «la última vez que Sernac nos planteó algunas observaciones al contrato fue en diciembre del 2014, existiendo una respuesta de la universidad, con una proposición al respecto, en enero del 2015. Por esa razón, nos llama la atención no haber recibido comunicación alguna sobre este tema después de esa fecha».
Asimismo, añade que «nos interesa dejar claro que la Universidad San Sebastián siempre ha planteado que todos sus contratos se deben ajustar estrictamente a la Ley, en este caso a la Ley de Derechos del Consumidor».
En tanto, desde la Universidad Mayor, explicaron mediante una aclaración pública que hasta el minuto no han sido notificados de la acción judicial. También expresan que en enero de 2015 la casa de estudios se retiró de las conversaciones, «toda vez que el Sernac variaba constantemente las observaciones que formulaba», pero igualmente modificó el texto de su contrato ajustándolo a las propuestas que formuló el organismo estatal, pese a que aducen que en diciembre del mismo año la entidad les fijó una nuevo plazo «en extremo reducido» para hacer otra propuesta.
Finalmente, la Universidad Mayor «declara estar abierta al diálogo permanente con los distintos organismos de la sociedad».
La Universidad Central también se refirió a la medida anunciada. La institución dijo que «rechaza absolutamente lo señalado por el Sernac»
También señala que luego de acceder a esta mediación, aseguran que se adecuaron el 90% de las solicitudes realizadas por el organismo, «lo que fue comunicado con fecha 6 de enero de 2016», por lo que hacen un llamado a continuar con el diálogo «en el marco de un proceso de mediación para alcanzar un acuerdo que permite resguardar los intereses de esta corporación y de sus estudiantes».
Finalmente, la Universidad Santo Tomás considera que el anuncio del Sernac los ha sorprendido, «considerando que desde hace más de 1 año que nos encontramos en un proceso de mediación voluntaria con dicha entidad».
En una declaración oficial, dice que no han sido notificados de esta demanda, «ni tampoco del término de la mediación antes señalada».
Asimismo, concluyen señalando que «reafirmamos nuestro compromiso con nuestros estudiantes de mantener contratos que se apeguen a la normativa vigente» y que «seguiremos trabajando en esa línea».
DP/PCP
