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La explanada de los ministerios de Brasilia se llenaba de vallas este domingo para separar a adversarios y partidarios de la destitución de la presidenta de izquierda Dilma Rousseff el próximo fin de semana, cuando la Cámara de Diputados se pronuncie al respecto.
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Una treintena de presos en régimen de semilibertad trabajaban junto a empleados en el montaje de un corredor de separación de 80 metros de ancho y un kilómetro de largo, que irá de la catedral al Parlamento, por el que solo podrán circular las fuerzas de seguridad, constató un fotógrafo de la AFP.
El gobierno prevé que unas 300.000 personas se concentren en la explanada entre el 15 y el 17 de abril, según la secretaría de seguridad pública de Brasilia.
«Somos conscientes de la importancia de este momento histórico y trabajamos para proporcionar las condiciones necesarias para que la gente ejerza su derecho a manifestarse sin poner en peligro la vida de los ciudadanos ni la integridad del patrimonio», subrayó la secretaria de seguridad pública, Marcia de Alencar, citada por el sitio web G1 de Globo.
En el lugar se desplegarán unos 3.000 policías y 500 bomberos, pero todos los efectivos estarán en alerta y podrán intervenir rápidamente.
La semana se anuncia cargada de tensión.
Una comisión de 65 parlamentarios dirá el lunes si aprueba un informe que recomienda entablar un proceso de impeachment de Rousseff, por presunta manipulación de las cuentas públicas.
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Cualquiera sea su decisión, esta será sometida al voto de un plenario de la Cámara, tras debates que deberían iniciarse el viernes y concluir el domingo.
Si los diputados aprueban una eventual moción de destitución por una mayoría de dos tercios (342 sobre un total de 513), el procedimiento seguirá hasta el Senado. En caso de que éste lo vote afirmativamente, Rousseff sería entonces separada de su cargo por un máximo de 180 días, en espera de que la propia cámara alta emita su veredicto definitivo.
De momento, ninguno de los dos bandos tiene garantizado lograr un número de votos suficiente, pues unos 120 diputados se muestran aún indecisos o se niegan a revelar sus intenciones, según informes de prensa.
Rousseff, con una popularidad bajo mínimos, denuncia una tentativa de «golpe de Estado», en tanto que su mentor y predecesor Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010) trata de movilizar a las desalentadas bases del Partido de los Trabajadores (PT) para acudir en auxilio de su heredera política.
Según un sondeo del instituto Datafolha publicado este domingo, 61% de los brasileños se declaran favorables a la destitución de Rousseff (eran 68% a mediados de marzo) y un 60% considera que debería dimitir. Un 60% se declara también favorable a una renuncia del vicepresidente centrista Michel Temer, que completaría el mandato de Rousseff hasta fines de 2018 si la mandataria renunciase.
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