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El Parlamento Europeo adoptó este jueves la directiva para crear un registro de nombres de pasajeros europeos (PNR, por sus siglas en inglés), herramienta en la lucha antiterrorista y el crimen organizado, en el limbo desde 2011.
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En total, 416 diputados se pronunciaron a favor, 179 en contra y 9 se abstuvieron.
Se trata de un registro con el nombre de los pasajeros aéreos, que ya recopilan las compañías aéreas y las agencias de viaje, que deberán completar y poner a disposición de las autoridades nacionales.
La compañía aérea deberá enviar las informaciones para los vuelos desde y hacia un país extra comunitario a las autoridades del Estado miembro concernido (desde donde parte o llega el avión).
La Comisión aplaudió el voto. «Los atroces ataques terroristas de París el 13 de noviembre y de Bruselas el 22 de marzo muestran una vez más que Europa debería ampliar su respuestas común para combatir el terrorismo y el crimen organizado», dijeron el vicepresidente de la Comisión, Frans Timmermans y el comisario a cargo del tema, Dimitris Avramopoulos.
La lista incluye el nombre, dirección, número de teléfono, detalles de las tarjetas de crédito, agencia de viajes, equipaje y número de asiento de cada pasajero, así como «información sensible», a menudo relacionada con la elección religiosa de una comida o pedido de ayuda por problemas médicos.
La compañía deberá enviar las informaciones para los vuelos desde y hacia un país extracomunitario a las autoridades del Estado miembro concernido (desde donde parte o llega el avión).
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El objetivo es permitir detectar a las personas que no fueron en el pasado sospechadas de terrorismo pero que, con el análisis de las informaciones, denoten un perfil sospechoso.
En la práctica habrá 28 registros nacionales. Cada país deberá alertar a los otros países en el caso de que sea necesario. También podrán pedir datos PNR a otros países en el marco de una investigación.
El proyecto de directiva (ley) propuesto por la Comisión estaba bloqueado en el Parlamento desde 2011 a la espera de que se incorporaran garantías sobre la protección de las libertades individuales.
En diciembre se alcanzó un compromiso político, pero el voto se atrasó por la reticencia de los grupos parlamentarios socialista, liberal y ecologista, que pedían que un texto sobre la protección de datos personales fuera votado al mismo tiempo.
La directiva fue votada en una sesión plenaria en Estrasburgo (este de Francia) junto a otro texto que instaura normas estrictas sobre el uso de los datos personales con fines policiales y judiciales.
Los datos nominativos podrán ser consultados por las entidades nacionales durante seis meses. Otras informaciones se conservarán durante cinco años.
Los Estados miembros tendrán dos años para transponer esta nueva reglamentación en su legislación nacional.
PUB/IAM
