Expertos opinan de nueva ley en Perú que permitirá a jubilados retirar sus fondos de las AFP

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Pablo Contreras Pérez

 

Fue una ley resistida por el presidente peruano Ollanta Humala, de hecho la rechazó en primera instancia. Sin embargo, el Congreso finalmente terminó aprobando la semana pasada por insistencia, la ley que, entre otras cosas, les permite a los trabajadores retirar el 95,5% de sus fondos en las AFP al llegar a los 65 años, aunque el mandatario ya anunció a través de su primer ministro que presentará un recurso de institucionalidad.

 

La iniciativa plantea que cuando lleguen al final de su vida activa, los peruanos podrán optar entre la alternativa de jubilarse de manera convencional o hacer el retiro de estos recursos. Cabe señalar que el otro 4,5% se irá al Estado para fines de prestación de seguridad social.

 

Pero ¿qué ventajas y desventajas puede tener esta iniciativa? Rafael Garay, CEO de Think&Co, dice que claro que es atractivo para la gente ahorrar una vida para recibir esa cantidad de dinero al final, pero advierte que “lo que no hay que perder de vista es que sea un sistema de reparto o AFP, la idea del ahorro forzoso es justamente proveerle a la gente una fuente de ingreso mensual después“, una vez que se termina el periodo laboral de la persona.

 

En esa línea, Francisco Aravena, economista del Centro de Economía Aplicada de la Universidad San Sebastián (USS), explica que se puede correr el riesgo de que “esos montos de dinero que retiren se terminen gastando en periodos cortos de tiempo”, generando un problema al Estado peruano al enfrentarse a personas que quedarán sin ingresos para seguir viviendo.

 

En tanto, dentro de las ventajas que el académico ve en esta medida es que las AFP se verían ante un escenario en la que aumentaría la competencia, que las obligaría a mejorar el servicio a sus clientes.

 

“Eso podría generar un incentivo a que aumenten la rentabilidad que puedan ofrecer a los usuarios en los últimos periodos del retiro”, sostiene Aravena.

 

 

Aplicación en Chile

 

Ante la pregunta de si es posible o conveniente establecer una política similar en Chile, el académico de la USS es tajante.

 

“Con el nivel de información financiera que uno maneja hoy en día, con el nivel de responsabilidad financiera que tienen las personas en Chile, es difícil ver la posibilidad de que alguien a los 65 años tenga la opción de manejar grandes recursos de dinero para proyectarse en 5, 10 o 20 años más lo que ellos necesiten“, subraya.

 

Igual opinión tiene Garay, quien subraya que “hay gente que es irresponsable y que no sabe administrar dinero y ha quedado demostrado con todas las estafas financieras”, por lo que si terminan perdiendo todos esos ahorros, menciona que las personas terminarían sólo recibiendo la pensión básica solidaria, que actualmente en Chile es de $89.764.

 

Asimismo cuestiona las posibilidades de las personas de obtener ingresos más altos si se aprobase una ley similar en Chile. “La gente dice ‘la AFP renta muy poco, el histórico es un 6,86%’, pero a dónde vas a meter esa plata sin riesgo ¿al banco? Ok, te da un 3,3 o un 3,7% al año, ¿sacas una pensión de eso?”, sentencia.

 

Consultada por esta ley, la Asociación de AFP de Chile declinó a hacer algún tipo de comentario al respecto. En tanto, ayer el presidente de Habitat, dijo esperar que no se replique esta normativa en Chile, aunque cree que no debiera suceder por “la seriedad que se manejan las políticas en Chile”, porque de lo contrario estima que se le traspasaría una carga “inmanejable” al Estado.

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