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El Juzgado de Garantía de Putre rechazó sobreseer la investigación por el crimen de dos funcionarios de carabineros en la zona altiplánica de Tacora y por dos delitos de robos de vivienda en dicho sector, hechos por los cuales se encuentra en prisión preventiva el ciudadano boliviano Juan Carlos Quispe Chacolla (20).
La solicitud de sobreseimiento fue hecha por la Defensoría Penal Pública, pero el tribunal la rechazó después de escuchar los argumentos de la Fiscalía de Putre. Por ende, la indagatoria seguirá vigente y la fiscalía realizará diligencias pendientes, como las pericias de voz, psicológica y caligráfica a las que deberá someterse el imputado.
En la audiencia, el fiscal Mario Carrera refutó la tesis de la defensa, que presentó un documento que indica que Quispe Chacolla se encontraba cumpliendo con su servicio castrense a la fecha del crimen, el 22 de enero de 2015.
El fiscal expuso que se le tomó declaración a dos autoridades comunitarias de la localidad boliviana de Charaña, quienes dijeron que en el sistema de servicio militar fronterizo en ese país no existe un control estricto respecto a la permanencia de los conscriptos al interior de las unidades militares.
En su resolución, la jueza Sara Pizarro señaló que el documento presentado por la defensa no cumple con los requisitos mínimos para exculpar al imputado, puesto que se refiere a fechas en términos genéricos y no precisa los periodos en que el extranjero estuvo de franco.
Asimismo, manifestó que el documento no cuenta con los requisitos formales en relación a la autorización de parte del Ministerio de Relaciones Exteriores.
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Además, la magistrada expresó que la declaración que el imputado prestó ante el Fiscal y en la que reconoció su participación en los hechos es «precisa, coherente, verosímil y sustentable» y que ésta fue obtenida sin apremios, según se desprende del video que registró dicha diligencia.
«El tribunal fue lo suficientemente categórico al determinar que los antecedentes y pruebas indiciarias reunidas por la Fiscalía cumplen con los estándares probatorios y señalar que el documento de la defensa no tiene el peso ni validez suficiente para exculpar al imputado», indicó el fiscal.
«Esta es una investigación compleja que se ha trabajado en base a la seriedad y objetividad y en la cual aún tenemos que realizar una serie de diligencias para seguir reuniendo pruebas para llegar a un juicio oral», expresó el persecutor a cargo de la indagatoria», agregó.
Finalmente. el Juzgado de Garantía accedió a le petición de la fiscalía de ampliar el plazo de investigación por estos hechos en 60 días.
PUB/CM
