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EFE
Los taxistas de Buenos Aires volvieron este miércoles a protestar contra la puesta en marcha de la aplicación móvil de servicios de transporte de pasajeros Uber en la capital argentina mediante cortes viales, movilizaciones y la entrega de un documento con sus reivindicaciones a las autoridades.
Los gremios de taxistas de la ciudad se manifestaron esta mañana frente a la sede del gobierno de la ciudad, donde entregaron un petitorio para que se establezcan todos los «elementos de la justicia» que permitan bloquear el servicio de Uber, informó a Efe el presidente de la Federación Nacional de Propietarios de Taxis, Jorge Celia.
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«Estamos en conversaciones con el Gobierno de la ciudad por su ilegalidad y Uber, desafiando esto, continúa trabajando», afirmó antes de destacar que el área patronal y de trabajadores están unidas contra la aplicación.
Más tarde, taxistas particulares se acercaron al obelisco porteño para manifestarse y llevar a cabo algunos cortes en las calles aledañas como forma de protesta, una movilización que los sindicatos habían organizado ayer pero que finalmente decidieron desconvocar para «no molestar a la ciudadanía».
Creada en 2009, esta plataforma, que está presente en 400 ciudades de 70 países, permite solicitar hacer un viaje con un conductor particular y pagar con tarjeta de crédito, además de que las tarifas suelen ser menores a las de los servicios convencionales de taxi.
Su llegada a Argentina el pasado 12 de abril provocó una ola de protestas y reclamos por parte de los taxistas que critican que la aplicación es «ilegal».
La Fiscalía de Buenos Aires solicitó esta semana al Ente Nacional de Telecomunicaciones de Argentina (Enacom) que se bloqueen las plataformas digitales a través de las cuales se accede a Uber por considerar que no cuenta con la habilitación correspondiente para prestar servicios.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires mantiene su postura de «hacer cumplir la ley vigente» y apoya al gremio de taxistas, mientras que los responsables de Uber sostienen que, en su rol de «intermediario tecnológico» entre usuarios y chóferes, cumplen con el Código Civil y Comercial argentino.
«Sabemos que en otras partes del mundo ha puenteado» la legislación «para seguir funcionando» de forma «clandestina», aseveró Celia antes de destacar que los poderes ejecutivo y legislativo les han dado la razón y ahora falta que intervengan otros «resortes del Estado».
DP/PCP
