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El presidente de Bolivia, Evo Morales, se sometió a un examen de ADN para determinar si es o no padre de un niño de entre ocho y nueve años que su expareja Gabriela Zapata presentó ante una jueza y al que el mandatario supuestamente creía muerto por enfermedad tras nacer en 2007.
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Morales acudió al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) de la Fiscalía de La Paz, y durante su visita la entidad estuvo resguardada por dos barreras formadas por más de sesenta policías, dirigidos por el comandante nacional, coronel Edgar Tellez, que cortaron el acceso al lugar para terceros, según constató Efe.
El presidente estuvo más de media hora en el IDIF con sus abogados y en presencia de los defensores de Zapata, quienes reclamaron que por norma las muestras debían haber sido tomadas simultáneamente al supuesto padre, la madre y al menor.
Según los abogados de Zapata, William Sánchez y Eduardo León, al no haberse cumplido con la norma y una orden judicial en ese sentido el acto debe ser anulado y repetido posteriormente.
Los agentes policiales no permitieron a Zapata, que iba bajo custodia, ingresar al IDIF cuando el presidente todavía estaba en el lugar y la condujeron a una unidad policial antidisturbios cercana para esperar.
También impidieron que el médico Raúl Caballero, contratado por Zapata, cruzara la barrera policial para presenciar la toma de las muestras.
Cuando finalmente Zapata entró al IDIF, se negó a que le tomaran muestras de sangre con el argumento de que la jueza del caso pidió un examen simultáneo y no por separado, según declaró el abogado Sánchez.
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La expareja de Morales fue trasladada nuevamente a la cárcel de Miraflores, donde se encuentra recluida acusada de varios supuestos delitos económicos, entre ellos enriquecimiento ilícito, bajo la sospecha de que usó oficinas del Ministerio de la Presidencia para hacer negociaciones con inversores de las que obtuvo comisiones ilegales.
Según Sánchez, el examen de ADN no correspondía en este caso porque el actual proceso judicial deriva de una demanda del mandatario contra Zapata por una supuesta «violencia psicológica» contra el niño, bajo el argumento de que el menor fue alejado de su padre.
Los abogados del presidente Morales presentaron la demanda a principios de marzo contra Zapata, después de que familiares de esta aseguraran que el niño estaba vivo y tenía entre ocho y nueve años, contradiciendo al mandatario que aseguró que el menor murió por una enfermedad tras haber nacido.
Morales y Zapata fueron pareja cuando él tenía unos 47 años y ella alrededor de veinte años y era parte de las juventudes del partido gobernante, Movimiento al Socialismo (MAS).
Desde que en febrero pasado un periodista revelara la relación entre Morales y Zapata y que tuvieron un hijo, el caso se ha ido complicando hasta tal punto que la existencia del niño estuvo en duda y ha involucrado en polémicas a varios ministros del Gobierno.
Además, en paralelo, una comisión formada en el Congreso por el oficialismo y la oposición investiga si Zapata logró que la empresa estatal china Camce, en la que fue gerente comercial hasta marzo, fue favorecida ilegalmente con contratos millonarios del Estado.
En los últimos años, Camce ha firmado con el Gobierno de Morales contratos por 566 millones de dólares, casi todos por invitación directa y sin licitaciones, según ha denunciado la oposición.
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