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La boliviana Gabriela Zapata, ex pareja del presidente Evo Morales, tenía previsto pedir refugio político en Brasil antes de ser arrestada a fines de febrero pasado según información de agentes de Inteligencia, reveló hoy el gobierno.
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El ministro de gobierno (Interior), Carlos Romero, declaró en una rueda de prensa que Zapata fue detenida porque existía un riesgo de fuga y mantenía contactos con políticos bolivianos opositores asilados en Brasil para que le ayuden a gestionar su refugio.
Romero habló del tema a propósito de una información de prensa en sentido de que la expareja de Morales tenía contactos con el exsenador boliviano opositor Roger Pinto, que obtuvo asilo político en Brasil, adonde escapó en 2013 tras denunciar supuestos actos de corrupción y connivencia con el narcotráfico del gobierno.
Pinto estaba acusado en Bolivia de supuesta corrupción por lo que el Gobierno sostiene que no se trata de un perseguido político.
Romero dijo que la versión de prensa proveniente de Brasil coincide «en el aspecto relativo a la existencia de un plan de fuga con la información» que recibió el Gobierno de los agentes.
En Brasil hay varios bolivianos en condición de refugiados tras haber salido de su país expresando su temor de ser juzgados por razones políticas, mientras que el Gobierno de Morales ha defendido que huyeron porque en su contra hay denuncias sobre delitos.
Romero insistió en que la Policía detuvo a Zapata el 26 de febrero sin orden de fiscal ante el riesgo de que huya, después de que un periodista hiciera denuncias sobre el uso de unas supuestas influencias para favorecer con contratos a la empresa china Camce, donde ella ejercía como gerente comercial.
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Zapata, que está recluida en una prisión acusada de varios delitos económicos y de falsedad, tuvo un hijo con el presidente Morales en 2007, pero la existencia actual del niño es motivo de una polémica mediática y un conflicto judicial entre los padres.
La mujer ha defendido que el menor, que el próximo 30 abril cumpliría 9 años, existe y fue presentado ante una jueza.
El mandatario, por su parte, sostuvo inicialmente que el niño había muerto por enfermedad poco después de nacer y sus abogados dicen ahora que no hay pruebas de que siga vivo.
La confusión lleva más de tres meses y no se aclara debido a que la Justicia ha impuesto una reserva jurídica al caso.
En medio de un operativo policial con más de sesenta agentes, Morales se presentó el lunes en un laboratorio de la Fiscalía de La Paz para someterse a una prueba de ADN para que se aclare si es padre o no de un niño que fue presentado en reserva ante una jueza.
En cambio, Zapata, a quien la Policía trasladó al laboratorio una vez que Morales dejó el lugar, se negó a someterse al examen y no presentó al menor con el argumento de que la toma de las muestras debía hacerse de forma simultánea y no por separado.
En este caso, además, una comisión formada en el Congreso por el oficialismo y la oposición investiga si hubo irregularidades en la contratación de obras de infraestructura vial e industrial adjudicadas a Camce por 566 millones de dólares.
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