«El Ejército es una institución que ha servido, a través de su historia, con la certeza de contribuir a la defensa y desarrollo del país».
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De esta forma inicia el comunicado mediante el cual el Ejército salió a desmarcarse de las acusaciones e investigaciones por corrupción que pesan en contra de miembros de su institución.
Sin ahondar en el denominado milicogate ni en el caso Fuente-Alba, la declaración respalda el actuar de la institución e indica que sus funcionarios «son personas honestas e inspiradas en sentimientos de servicio público», considerando que «no resulta justo buscar una asociatividad con el total de sus integrantes, cuando algunos de ellos está siendo investigado por la Justicia».
Además, señalan que su interior «bajo ninguna circunstancia se amparan situaciones que puedan ser constitutivas de delito», aunque añaden ser respetuosos «del derecho de presunción de inocencia».
Sobre una posible acción encubierta en su interior, el Ejército declara su preocupación al respecto, aclarando que estos integrantes «tienen la obligación legal de poner los antecedentes en conocimiento de la Justicia».
«De existir denuncias al interior de la institución, ellas serán investigadas y aclaradas con la debida responsabilidad y prontitud, sin importar quienes sean sus presuntos autores», afirma.
A su vez, la carta afirma que su Comandante en Jefe, general Humberto Oviedo, «ha colaborado permanentemente con la Justicia (…) y cada vez que ha sido requerido, ha remitido oportunamente los antecedentes solicitados».
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Durante la jornada, los diputados DC Ricardo Rincón y Marcelo Chávez, oficiaron a la Contraloría General de la República por la omisión de datos en la declaración de patrimonio de altos mandos de las Fuerzas Armadas e instituciones de orden, entre los que se incluye el general Oviedo, al general del Aire, Jorge Robles y al recién asumido General Director de Carabineros, Bruno Villalobos.
PUB/SVM
