Colombia autorizó el uso de «toda la fuerza del Estado», incluidos los bombardeos aéreos, contra las principales bandas criminales del país, un endurecimiento de la estrategia de seguridad del gobierno, anunció este jueves el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas.
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«La directiva 15 permite la aplicación de toda la fuerza del Estado, sin excepción, a los grupos armados organizados o los grupos que tengan mayor capacidad hostil», dijo Villegas tras una sesión especial de la Comisión Segunda del Senado en Apartadó, una convulsionada zona del noroeste del país.
La nueva estrategia de seguridad, que incluye una militarización que solo se había utilizado en el marco del conflicto armado de medio siglo que vive el país, sobre todo contra las guerrillas, se aplicará a partir de este jueves contra el Clan Úsuga, Los Pelusos y Los Puntilleros.
Las tres principales bandas criminales de Colombia pasan a ser categorizadas como «grupos armados organizados» por su fuerza, que incluye campamentos, posesión de armas largas y uniformes y presencia en el territorio, según el ministro.
«Esas tres organizaciones a partir de hoy serán perseguidas autónoma o coordinadamente por las fuerzas militares y por la policía», dijo el ministro desde la localidad cercana al golfo de Urabá, zona de influencia del Clan Úsuga, primera banda criminal (bacrim) del país.
El uso de la fuerza del Estado, según el Derecho Internacional Humanitario (DIH), incluye «operaciones de asalto aéreo con fuerzas especiales, emboscadas, tiradores de alta precisión (o) apoyo de fuego de artillería», especificaron fuentes del gobierno.
El presidente Juan Manuel Santos, embarcado en una cruzada contra las bacrim que ha dejado más de mil capturados o abatidos en lo que va de año, dijo en una reciente entrevista con la AFP que «si la legislación lo permite», las bombardearía para acabar con ellas.
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Solo en las últimas 24 horas, las autoridades detuvieron a 90 miembros de estas organizaciones, anunció también Villegas.
— «Nueva guerra» —
La militarización de la lucha contra las bandas criminales supone un giro en la política de seguridad del gobierno de Santos, que vira hacia una «nueva guerra necesaria», según Jorge Restrepo, director del centro de análisis Cerac.
«Es una nueva guerra porque se va a utilizar la fuerza militar (…) que es letal y busca la reducción del enemigo, a diferencia de la policía, que cumple órdenes judiciales de captura», explicó el analista. «Y es necesaria por la capacidad de generación de violencia que tienen estos grupos», agregó.
«Más allá de los bombardeos, la militarización implica que las operaciones no requieren judicialización porque se vuelven un objetivo militar», detalló Restrepo, quien aseguró que hace casi una década que el Ministerio de Defensa de Colombia no se expresaba con la dureza que plantea la nueva directiva, que genera «un riesgo de violación de derechos humanos, no solo de los miembros de esos grupos, sino también de las comunidades».
Los expertos consideran a las bacrim el principal reto de seguridad en un eventual escenario de posconflicto con las guerrillas Farc y ELN, con las que el gobierno de Santos busca poner fin a más de 50 años de conflicto armado.
Existe, sin embargo, un debate sobre la definición de estos grupos armados. Mientras que la guerrilla Farc (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, comunistas) las considera paramilitares, el gobierno asegura que son bandas criminales dedicadas al narcotráfico y la minería ilegal, surgidas tras una masiva desmovilización de los escuadrones de ultraderecha durante el mandato de Álvaro Uribe (2002-2010).
En este sentido, la directiva recuerda que «la finalidad o el móvil con que actúe un grupo no serán relevantes para la aplicación del uso letal de la fuerza en el marco del DIH».
El conflicto interno colombiano, iniciado como una sublevación campesina en 1964, ha involucrado a guerrillas, paramilitares y agentes del Estado, deja ya 260.000 muertos, 45.000 desaparecidos y 6,8 millones de desplazados.
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