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Críticos del Gobierno ultraconservador polaco protagonizan la mayor manifestación desde 1989

El Gobierno ultraconservador de Varsovia ha aprobado en los últimos meses una serie de medidas -gracias en exclusiva a su mayoría absoluta en el Parlamento- que le han granjeado notables críticas dentro del país y alguna advertencia seria desde la Comisión Europea, en Bruselas.

Los críticos del Gobierno del partido ultraconservador Ley y Justicia de Polonia celebraron hoy en Varsovia la mayor manifestación que ha vivido el país desde la caída del Telón de Acero, con más de 240.000 participantes, según las autoridades de la capital.

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Bajo el lema «Somos y seguiremos siendo Europa» partidos de centro-derecha e izquierdas, organizaciones no gubernamentales, activistas y ciudadanos protestaron en el centro de Varsovia contra el Ejecutivo de Ley y Justicia (PiS), un partido ultraconservador que gobierna con mayoría absoluta desde el pasado septiembre.

El ex presidente polaco Bronislaw Komorowski, de tendencia conservadora, aseguró que participaba en la marcha porque creía «en el derecho polaco, la libertad polaca y la acción común en la Unión Europea».

El ex ministro de Exteriores Grzegorz Schetyna, de la Plataforma Ciudadana (PO) de centro-derecha, tildó por su parte de «pesadilla» las controvertidas decisiones que ha aprobado en los últimos meses el «Gobierno autoritario» del PiS.

«Estamos al principio de una larga marcha», vaticinó el político.

El Gobierno ultraconservador de Varsovia ha aprobado en los últimos meses una serie de medidas -gracias en exclusiva a su mayoría absoluta en el Parlamento- que le han granjeado notables críticas dentro del país y alguna advertencia seria desde la Comisión Europea, en Bruselas.

La polémica está ligada al carácter retrógrado de estas medidas, que recortan derechos establecidos ya en Polonia desde su democratización y que ponen en peligro la separación de poderes y el funcionamiento democrático de las instituciones.

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Entre estas normas destacan la reforma del Tribunal Constitucional, que lo deja a merced del Ejecutivo, y la nueva ley de medios, que permite la designación por parte del Gobierno de los puestos directivos de los medios públicos, así como su propuesta de criminalizar el aborto.

La Comisión de Venecia del Consejo de Europa se mostró recientemente en contra de la reforma del Constitucional y advirtió de que pone en riesgo la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho.

PUB/FHA

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