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La Corte Suprema rechazó un recurso de casación presentado por el COnsejo de Defensa del Estado, y ratificó la sentencia que condenó al Estado de Chile a pagar 25 millones de pesos a cada uno de los seis soldados conscriptos sobrevivintes del ejercicio militar realizado el 18 de mayo de 2005, en Antuco.
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En fallo unánime la Tercera Sala del máximo tribunal confirmó el fallo impugnado que condenó al Fisco a pagar las indemnizaciones.
Parte del dictamen de la Corte señala que «el Estado no puede desvincularse de la falta personal en que han incurrido sus agentes, por cuanto ha sido este quien ha instalado a los conscriptos afectados en una determinada misión militar y les ha impuesto además la obligación de cumplir con los ejercicios o actividades de instrucción».
«De modo que la acción desplegada por los funcionarios condenados penalmente no se encuentra desprovista de vínculo con el servicio, sino que por el contrario, se ha cometido en el ejercicio de la función, la que se ha ejecutado indebidamente, comprometiendo por lo tanto la responsabilidad estatal», consigna el fallo.
Y agrega que la responsabilidad del Estado «no resiste análisis, toda vez que se estableció que los actores eran conscriptos que participaron en la fatídica marcha del 18 de mayo de 2005, y que a raíz de aquel suceso sufrieron daños que incluso fueron reconocidos por el demandado, quien esgrime que prestó ayuda sicológica a los conscriptos sobrevivientes para efectos de superar los traumas creados a partir de los hechos que motivan la presente acción».
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