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Agencias
El primer ministro francés, el socialista Manuel Valls, anunció este martes que ha decidido recurrir al artículo 49.3 de la Constitución para aprobar su proyecto de ley de reforma laboral sin someterlo a la votación de la Asamblea Nacional.
El recurso a ese instrumento constitucional, según dijo Valls ante los diputados, ha sido decidido porque el Ejecutivo está «convencido de que (su reforma laboral) es un buen texto para el país» y ese proyecto de ley debe adoptarse.
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La reforma quedará aprobada en la Asamblea Nacional a menos que la oposición introduzca en las 24 horas siguientes una moción de censura, que los diputados conservadores ya han avanzado que van a presentar.
De superar la moción, el texto irá al Senado para una primera lectura en esa cámara y, si hay discrepancias, pasaría de nuevo a la Asamblea, donde el Ejecutivo podría servirse de nuevo de ese artículo constitucional, calificado por la oposición de «antidemocrático».
La última vez que el Ejecutivo socialista recurrió al artículo 49.3 fue en 2015 con la ley de liberalización económica (más conocida como «ley Macron» por el nombre de su autor, el ministro de Economía, Emmanuel Macron).
Valls destacó hoy, en una acalorada sesión parlamentaria del control al Gobierno, que vuelve a hacer uso del mismo instrumento porque «el país debe avanzar», y porque «las relaciones salariales y los derechos de los empleados deben progresar».
«Desde el principio hemos mostrado una voluntad sincera de diálogo (sobre el proyecto de ley), lo hemos enriquecido para encontrar un compromiso. Se han examinado casi 1.000 enmiendas y se han retenido un tercio. Deseamos dar todas las posibilidades a nuestro país», añadió la ministra de Trabajo, Myriam El Khomri, que da nombre a ese texto.
Esta controvertida ley del Gobierno del presidente François Hollande ha causado numerosas críticas desde la izquierda francesa, y sindicatos y organizaciones juveniles que dirigen en la calle la protesta contra esa reforma laboral han convocado para el próximo jueves una nueva jornada de movilizaciones.
Según el gobierno, el proyecto de ley laboral apunta a dar mayor flexibilidad a las empresas para luchar contra el desempleo. El texto da mayores poderes a las empresas en materia de organización del tiempo de trabajo y de despidos.
Sus detractores consideran que aumentará la precariedad laboral y que la primacía dada a la negociación por empresas sobre las negociaciones por ramas profesionales significará que la ley no será la misma para todos los asalariados.
DP/PCP
