El día 4 de marzo de este año la Autoridad Marítima, mediante resolución, autorizó a la Asociación de la Industria del Salmón de Chile A.G. el vertimiento de 9.000 toneladas de salmones muertos en la Región de Los Lagos.
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La solicitud fue emanada tras las muertes por asfixia de salmones de cultivo a partir del 22 de febrero, producto de condiciones climáticas y oceanográficas adversas en el Seno de Reloncaví, Región de Los Lagos. Sernapesca activó un plan de contingencia que permitió destinar la mitad de la mortandad a plantas elaboradoras de harina de pescado, y un tercio a vertederos de tierra.
No obstante, el 3 de marzo SalmonChile presentó a la Autoridad Marítima una solicitud de vertimiento al mar de 11.600 toneladas de peces muertos. Antes de autorizar el vertimiento, la Autoridad Marítima solicitó un informe técnico a Sernapesca.
El día 4 de marzo llegó el documento, el cual aseguraba que el desecho de pescado muerto no afectaría el ecosistema acuático, la vida humana en el mar, vías de navegación, ni actividades de otros usuarios marítimos. Así, se procedió a autorizar la solicitud y la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, junto con la Autoridad Marítima, definieron dónde, cuándo y cómo sería el vertimiento.
En 11 viajes se vertieron 4.655 toneladas de peces muertos, desde el 10 hasta el 26 de marzo.
A fines de abril la Armada dio a conocer que detectaron 5 kilómetros de machas varadas en Chiloé. Una enorme tragedia para miles de personas de la zona, pues la extracción de recursos marinos constituyen su empleo y fuente de ingresos.
El problema fue creciendo, lo que obligó al Gobierno a decretar como zona de catástrofe a la Región de Los Lagos.
Como medidas paliativas el Gobierno ofreció un bono de $100.000 a familias afectadas, junto a una canasta de productos. Las comunidades de la zona consideraron insuficiente la ayuda, así que iniciaron protestas y bloqueos como medida de presión hacia mayores aportes.
Tras negociaciones, el Gobierno ofreció tres bonos de $300.000, los que fueron considerados como insuficientes. La Mesa Social de pescadores de Chiloé exige 5 bonos de $300.000 (extensibles si se mantiene la marea roja), subsidio de luz y agua, becas de estudio, condonación de deudas bancarias por el período de la contingencia, capacitaciones y programas de desarrollo turístico, entre otras materias.
Al respecto, el Gobierno bajó su oferta, limitándola a un bono de $300.000 y 3 posteriores de $150.000.
Pescadores y marisqueros artesanales, en conjunto con el municipio de Ancud, sostienen que el vertimiento de salmones muertos sería el responsable de la marea roja que provocó un estallido social en la zona. El Colegio de Biólogos Marinos desestima dicha tesis. El Gobierno se comprometió a elaborar un informe que determine posibles causales. ¿Desastre natural fortuito o provocado? ¿El Estado debe acoger las peticiones de pescadores? ¿Parcial o totalmente? Juzgue usted.
Matías Godoy
Director Economía para Todos