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A fines del año pasado, los políticos de Brasil se vieron involucrados en distintos casos de corrupción que llevaron a una profunda crisis política. El caso Petrobras, más conocido como “Lava Jato” salpicó a personalidades de todos los sectores del espectro político. Pero no fue el único caso.
La oposición acusa a Dilma Rousseff, la ahora suspendida presidenta de Brasil, de haber violado una ley de responsabilidad fiscal en 2014, justo antes de haber conseguido su reelección con mayoría absoluta. Para la oposición, esta violación a la ley implicó que la presidenta hubiese escondido al Congreso información financiera relevante. El oficialismo argumenta que el caso no es tan grave como para llevar a Dilma a la situación actual, por lo que ha acuñado el concepto de “golpe de Estado” para lo que está pasando. Todo esto en paralelo a las investigaciones de la justicia brasileña por el caso Petrobras, que cada vez fue implicando a más cercanos a Rousseff. Así, el proceso de impeachment a la presidenta fue avanzando como una bola de nieve.
Si bien se intentaron hacer más de 30 procesos de destitución desde 2011 hasta 2015, este caso fue el que cobró la importancia necesaria como para llevar a Dilma a la situación actual. Fueron más de 50 los senadores que votaron a favor de suspender a Rousseff por los 180 días que tiene el Senado para someterla a juicio. Durante ese tiempo, será el vicepresidente Michel Temer, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), el que ocupe su cargo. Todo esto después de que durante el proceso este partido, que acompañó a Dilma Rousseff a conseguir la presidencia, se haya separado del Partido de los Trabajadores y haya pasado a formar parte de la oposición.
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