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“El impeachment es injusto pero legal”

Víctor Cano Piris, cientista político residente en Brasilia hace un repaso por los entresijos que han llevado a la actual crisis política que se está viviendo en Brasil.

-Recapitulando sobre el proceso presidencialista en Brasil –
 
Haciendo una breve retrospectiva presidencialista del Brasil, desde el suicidio de Getulio Vargas en 1954, los brasileños tuvieron un presidente que renunció 7 meses después de su toma de posesión, otro que fue derrumbado por un golpe de estado y otros 5 presidentes militares no electos por el pueblo. Desde que la democracia se instauró en Brasil en 1985, tras 21 años de dictaduras militares, los brasileños solo han elegido a cuatro presidentes.

Y si Dilma Rousseff –actualmente suspendida y a punto de enfrentar un juicio político– es destituida, será la segunda mandataria que no termina su periodo, tal como le sucedió a Fernando Collor en 1992.

Los brasileños cuentan actualmente con 28 partidos con representación en el congreso y una silla presidencial que se ha mostrado inestable. En el Congreso, tanto senadores como diputados suman 594, de los cuales, 353 legisladores están involucrados en hechos ilícitos, es decir, el 60% de los congresistas enfrentan procesos criminales de algún tipo, que van desde sobornos, fraude electoral y hasta homicidio, según un artículo del New York Times.

-Precedentes – La bola de nieve contra la corrupción

En marzo de 2014 se abre una investigación denominada “Operación Lava Jato” (lavadero de autos), en referencia a los servicios de lavado a chorro de autos, debido a que los primeros lugares allanados fueron estaciones de servicio que los cambistas usaban como tapaderas para el lavado de dinero.

Esta operación, impulsada por Sergio Moro, juez federal del estado de Paraná,  consiste en un proceso judicial para extirpar la corrupción del poder ejecutivo, legislativo y del sector privado que fue inspirado en el proceso judicial italiano de 1992 “Manos Limpias”, que llevó a la condena de cuatro primeros ministros, 438 parlamentarios y políticos, 872 empresarios, 11 suicidios, llevó al fin de los partidos tradicionales en Italia y al populista Silvio Berlusconi al poder.

Lo significativo en Brasil es que esta operación  salpicó a 20 de las mayores empresas del país y medio centenar de políticos, convirtiéndose en «la mayor investigación contra la corrupción y el lavado de dinero realizada en la historia de Brasil»,  como describe la propia Fiscalía.

La crisis política se desata cuando se empieza a apresar a los más grandes. No es casualidad que en el actual gabinete de Michel Temer, siete ministros estén involucrados en  el proceso de Lava Jato, ¿por qué estas personas asumen ministerios?  “no es sino en busca de fuero privilegiado para no poder ser juzgados”, sostiene Piris.  

-De qué se le acusa a Rousseff-

Por una parte, en la base del proceso de impeachment promovido en el legislativo, la presidente es acusada por “improbidad administrativa” (falta de honradez) , por omisión  en el caso de corrupción de Petrobras y también por las “pedaladas fiscales”(como se denomina en portugués)  “contratación ilegal de operaciones de crédito”, un mecanismo usado por el Tesoro Nacional para retardar el traspaso de dinero a bancos públicos y privados y a grandes administraciones.  De ese modo, se mejoran de forma engañosa las cuentas del gobierno federal.

Este procedimiento está estipulado dentro del manual de cuentas del Brasil, es un mecanismo operativizado por varios gobiernos, por tanto, “si a Dilma le llegan a hacer el impeachment bajo esta acusación, todos los gobernadores de todos los estados de Brasil van a ser condenados”, en una bola de nieve que va a alcanzar a todos, afirma.

Brasil tiene una población de 200 millones de personas , en las últimas elecciones generales de 2014 , Dilma Rousseff gana con 54 millones de votos, frente al segundo con 51 millones. Claramente se percibe la existencia de una polarización partidaria (aunque no antagónica), lo que sin embargo no le quita legitimidad y un mandato al 2018.  Por tanto, “mudar a un gobierno electo por 54 millones de personas : eso es golpe”.

El impeachment es injusto pero es legal. Hay un principio en derecho que dice: “No todo lo legal es justo”. Por tanto, “el proceso a Rousseff es legal, pero en cuanto a la intencionalidad es un golpe”, sostiene.

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