El valor que la familia tiene dentro de la sociedad chilena es algo que ha dirigido los debates sociales y legislativos a lo largo de la historia. No es necesario remontarme siglos atrás para demostrar que el concepto de familia ha mutado y evolucionado con el paso del tiempo, poniendo de manifiesto que es inevitable entender que estamos ante un fenómeno dinámico.
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Sin embargo, dado el contexto político-social sobre la reforma constitucional en el que nos encontramos, es imprescindible poner sobre el tapete un tema tan relevante como es la familia.
Precisamente su definición jurídica es la que, entre otras cosas, determina las asignaciones familiares, las pensiones alimenticias, el matrimonio o la violencia intrafamiliar, problemas que afronta la sociedad en su día a día (Sebastián Becker, 2014).
Nuestro actual Código Civil, redactado por el jurista Andrés Bello en 1855, indica en su artículo 815 que la familia comprende al cónyuge y los hijos, tanto los que existen al momento de la constitución, como los que sobreviven después, y esto aun cuando el usuario o el habitador no esté casado, ni haya reconocido hijo alguno a la fecha de la constitución.
Comprende asimismo el número de sirvientes necesarios para la familia. La definición que recoge el Código Civil, dicho de forma más sencilla, entiende por “familia” a todas aquellas personas que viven bajo el mismo techo (Ramos Pazos, 2006).
Obviamente, al día de hoy, nadie defiende una familia con sirvientes, pero si es pertinente, la concepción de la familia como ese núcleo de personas que viven bajo el mismo techo con lazos familiares. Así también lo entienden el Tribunal Europeo y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ejemplo de ello es la sentencia Atala Riffo e hijas vs. Chile, que condenó al Estado chileno por discriminación al separar a unas niñas de su madre por ser ésta lesbiana. Esta es una dura lección que como Estado debemos aprender.
Por ello es urgente pensar en las niñas y niños que en este país están al cuidado de dos mamás o dos papás y deben de gozar de todos los derechos. Creo firmemente que es hora de terminar esta discriminación. Por estas razones, junto a las senadoras Allende y Muñoz, y los senadores Urresti y Lagos, he apoyado el proyecto de ley que regula el derecho de filiación de los hijos e hijas de parejas del mismo sexo.
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El objetivo de este proyecto es garantizar que todas las niñas y niños puedan crecer iguales en derechos en Chile y no exista discriminación para ningún modelo de familia, de forma que la ley proteja todos los vínculos filiativos y familiares. Espero que en la brevedad, todas las mamás, biológicas o de crianza, puedan celebrar con sus familias el 8 de mayo, sabiendo que viven en un país que las respeta y protege.
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