Se aprobó finalmente en el Parlamento la ley corta antidelincuencia. Y frente a esto, dos consideraciones.
La primera: la efectividad de una norma como ésta y el fondo de la discusión. Se ha dicho por parte del Gobierno y la oposición que este proyecto busca bajar los índices de delincuencia. ¿Es realmente así? Escuchando a académicos, especialistas, fiscales y abogados penalistas: no será así.
La delincuencia no se eliminará nunca y si se busca bajar los índices hay que entender que se trata de un camino largo por recorrer y lucas por gastar. Para ser efectivos, se necesita una ley larga antidelincuencia.
Hay que reformular el sistema carcelario, hay que entregar penas alternativas, hay que separar a la población penal, focalizar mucho más en los primerizos e intervenir en las familias donde niños y adolescentes están en alto riesgo de iniciar una «carrera delincuencial».
Con mucha pena escucho y leo esta nefasta frase de «el que nada hace, nada teme», en relación a la ley corta. Nada más falso. En este país, en Chile, el que nada hace… sí debe temer.
Debe temerse el nacer en el lado equivocado de la ciudad. Ese sólo hecho condiciona nuestra vida. Pese a «nada hacer» si se nace en el «otro» lado de la ciudad tendremos la peor educación, la peor salud, la peor vivienda, las peores oportunidades. Si se nace en el lado equivocado de la ciudad… debe temerse al control preventivo de identidad y a la cárcel. Las estadísticas NO engañan. Son estos ciudadanos a los que más se controla, donde más se allanan domicilios y los que en un 89% llenan las cárceles del país.
En Chile «el que nada hace… sí debe temer», si es que solamente tuvo la mala suerte de nacer del lado equivocado de la ciudad.
Otra consideración. La segunda. Esta vez más de forma. Un grupo de parlamentarios del Partido Socialista anunció que acudirán al Tribunal Constitucional en contra de la ley corta antidelincuencia. Son los mismos parlamentarios que acusan a la oposición cada vez que se utiliza esta instancia, son los mismos los que exponen la arbitrariedad de un estamento que está cuoteado políticamente y que actúa como tercera cámara. Son los mismos que denuncian que el Tribunal Constitucional «tuerce» lo que democráticamente decidió la Cámara de Diputados y el Senado. ¿Es legítimo que acudan al TC? Sí, es legal. Pero ¿es coherente? No, no lo es.
¿Quién sino los partidos políticos están mandatados a seguir sus ideales, a velar por sus principios, a buscar la coherencia más allá de una ventaja puntual? ¿Cómo podemos entender que cuando nos conviene es nefasto y cuando conviene es útil? Simplemente, no se entiende.
El problema no radica aquí en sí es constitucional o no. El problema está en que una misma coalición, esta vez la de gobierno, que está inspirada en los mismos valores decide quebrarse y apoyar unos y rechazar otros una ley populista como ésta. El problema está en una coalición y un gobierno, que por un lado levantan las banderas de los derechos ciudadanos, de los derechos humanos, y por otro aprueban una ley que los restringe y los limita. El problema está en la falta de coherencia al legislar. El problema está en decir que buscan mirar a largo plazo y sólo mirar los cuatro años de administración. El problema es la consecuencia, entre lo que se dice creer y lo que se hace.
La ley corta antidelincuencia… otra vez. Nos muestra lo peor de lo nuestro. Nos muestra cómo seguimos segmentando, como alimentamos dos Chile, cómo construimos ciudadanos de primera y de segunda clase. Y nos muestra, además, la falta de coherencia de quienes hoy regulan nuestra vida.
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