Mientras usted lee estas líneas, una joven de 28 años se debate entre la vida y la muerte tras ser atacada en Coyhaique el fin de semana pasado por el simple hecho de ser mujer. Absurdo, pero cierto.
Nabila Rifo, madre de 4 hijos, fue golpeada en plena vía pública supuestamente por su pareja (Mauricio Ortega, formalizado y en prisión preventiva mientras dura la investigación). La agresión fue tan brutal que terminó con diversas fracturas en sus piernas y cara, sin dientes y no sólo eso; en medio de la golpiza el agresor fue a su casa a buscar una llave y en un acto de horror que supera la ficción, le sacó los ojos. Así estamos.
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Habitualmente en un año ocurren, en promedio, 40 femicidios en nuestro país, pero las cifras crecen y también engañan. En lo que va de este 2016 cargamos con 14 femicidios según el Sernam, pero el número sube a 19 según la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. ¿Cómo se explica esta diferencia? Básicamente, por la falta de sentido común en nuestra legislación, que indica que para que se considere como femicidio, el victimario debe ser pareja o ex pareja de la víctima. Vale decir, marido o conviviente, pero no aplica si se trata de un pololo celópata que atenta contra su polola o un jefe abusivo contra una empleada, por citar un par de ejemplos. Insólito.
Y aunque proviene de un vocablo inglés, el femicidio es claro en su significado: el asesinato evitable de mujeres por razones de género. Por lo mismo llama la atención que el Gobierno no tome más cartas en este asunto. Es cierto que el Sernam hace lo que puede al criticar enfáticamente estos hechos (no se me ocurre quién podría no hacerlo) y realizar un par de campañas preventivas al año, pero es al menos extraño que el Ministerio del Interior no se involucre, porque también ejerce como Ministerio de “Seguridad Pública”, que es algo que precisamente no les estamos garantizando a las mujeres chilenas que con justa razón pueden esgrimir que hoy viven con miedo a ser asesinadas por pertenecer a un género que además es discriminado en el día a día: misma pega, pero distinta paga, mismo cargo, pero distinto trato, etc.
Si vemos que cuando aumenta el nivel de inseguridad respecto a la delincuencia en nuestro país muchos políticos y autoridades corren para proponer leyes y medidas que disminuyan esos datos (sin ir más lejos este miércoles el Senado despachó la agenda corta antidelincuencia), ¿por qué cuando se trata de ser enfáticos en sancionar y dar muestras contundentes no vemos más que varios ceños fruncidos?
Señores: con eso no basta. Es hora de darles una señal a los cobardes y generar mesas de trabajo con distintos actores que deriven en leyes que traten más duramente a quienes perpetran este tipo de delitos y campañas constantes que eviten que estos ocurran. Mientras usted lee estas líneas, debe saber que estamos en deuda con las mujeres de Chile y vergüenza es lo mínimo que deberíamos sentir.
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