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Tras los graves incidentes que se produjeron durante la última Cuenta Pública en Valparaíso y que causaron la muerte del guardia municipal Eduardo Lara, el Gobierno anunció que presentará un total de 21 querellas personalizadas.
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Este domingo, luego de que quedaran en libertad los únicos detenidos por los desórdenes durante el 21 de mayo en la ciudad, el intendente regional Gabriel Aldoney anunció la presentación de 19 querellas contra personas que están acusadas de alterar el orden público, una que está acusada de uso de bombas molotov y otra por robo en lugar habitado. Cabe destacar que ninguno de los detenidos habría tenido relación directa con la muerte del funcionario.
«Además, este lunes vamos a presentar un requerimiento para que se aplique la ley de seguridad del Estado dada no solo por la conmoción que este hecho ha generado, sino que también las circunstancias bajo las cuales este hecho fue ejecutado”, dijo el intendente.
Aldoney precisó que en la planificación de las marchas solicitadas por diversos convocantes, hubo una planificación previa y exhaustiva donde participaron la Intendencia, Gobernación, las policías, la municipalidad, Armada, Onemi y los distintos peticionarios, entre ellos la CUT, Anef, estudiantes.
A la luz de lo anterior, explicó, cada servicio estaba en conocimiento detalladamente de lo determinado para actuar en diversos escenarios.
Hecho premeditado
Sin embargo, aseguró que “nosotros tenemos antecedentes suficientes para señalar que hay un hecho organizado, premeditado. La marcha de ayer se estaba desarrollando en términos relativamente normales. Partió con una fogata y los funcionarios de la gobernación se percataron que este grupo reducido era distinto al que participaba. La bomba molotov, y la forma en que se comunicaban, actuaban en forma organizada».
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El intendente aseguró que Carabineros está realizando los análisis periciales del caso. «Además hemos tenido la colaboración de la ciudadanía. Le pido a la ciudadanía que tiene antecedentes que los entregue. Esta es una tarea en que hay que buscar a los autores del hecho y cómo resolvemos este tema de fondo para que no vuelva a ocurrir», enfatizó
Aldoney fue categórico en señalar que con la actual Constitución es imposible denegar autorizaciones de las marchas “si yo lo hiciera, al día siguiente me podrían interponer un recurso por denegarlo ante los tribunales”.
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