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El Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos (Indh), realizó una declaración pública sobre el conflicto intercultural en La Araucanía, luego de sesionar en Temuco y de recoger distintos testimonios, en la que aseguran que existe un uso “desproporcionado de fuerza” contra mapuches por parte de agentes del Estado.
“El Indh expresa su rotundo rechazo a los actos de violencia que han resultado en vulneraciones de derechos de los habitantes mapuche y no mapuche de la región, particularmente de su derecho a la integridad física y síquica y a la seguridad”, señaló el instituto.
El Indh dice que entiende la necesidad del Estado de “preservar la paz”, pero que la violencia “se ha manifestado en el uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes del Estado contra integrantes de comunidades indígenas, incluyendo niños y niñas”.
Asimismo, advirtieron que esta violencia también se demuestra “en los ataques incendiarios que han sufrido pequeños y medianos propietarios agrícolas, y empresas forestales”.
La sesión del Indh se realizó el pasado lunes 23 de mayo con el objeto de entrevistarse con distintos actores relevantes y recoger sus testimonios, diagnósticos y propuestas para superar la violencia que afecta a la región y reponer una convivencia respetuosa de los derechos humanos.
La institución manifestó su preocupación “también por la incapacidad que ha tenido el Estado, los diversos actores sociales y las empresas forestales para abordar de manera integral una situación que se arrastra desde hace muchas décadas y que ha implicado una grave y permanente vulneración de los derechos humanos de quienes habitan este territorio”.
“Es imperativo que como país nos hagamos cargo de la deuda histórica que mantenemos con el pueblo mapuche y que el Estado asuma su responsabilidad de respetar y garantizar sus derechos individuales y colectivos”, enfatizó el Indh.
“La falta de una política eficaz en materia de restitución de tierras u otros mecanismos de compensación, la ausencia de espacios significativos de autonomía para que las comunidades puedan decidir sobre prioridades en materia de desarrollo, los escasos espacios de representación política (…) y la pobreza que afecta de manera desproporcionada a quienes integran el pueblo mapuche son, entre otros, temas pendientes cuya resolución debe constituir una prioridad”, agregó.
El Indh también lamentó que pese a las recomendaciones realizadas por esta institución y por organismos internacionales de derechos humanos, el Estado siga dilatando el abordaje integral de la realidad descrita y asumiendo que se trata principalmente de un problema de seguridad pública.
“Lo hemos sostenido permanentemente: la profundidad del problema y sus causas estructurales, hacen necesaria la adopción de soluciones políticas. Los proyectos de ley sobre institucionalidad indígena constituyen sin duda un avance, sin embargo se requiere dar más pasos en esa dirección”, indicó el organismo.
El Consejo del Indh, además, constató en la región que existe “ausencia de una real voluntad política por parte del Estado para generar un diálogo entre todos los actores relevantes del territorio, puede afectar gravemente la experiencia vital de niños, niñas y jóvenes mapuche y no mapuche comprometiendo la convivencia futura de la región”.
Por último, el instituto reiteró su llamado al diálogo como principal herramienta para avanzar en la búsqueda de soluciones efectivas.
“Éste diálogo debe ser del más alto nivel, incluir a todos los actores y debe ser convocado por la autoridad política a la mayor brevedad posible, incluyendo a todos los actores sociales, incluyendo a las empresas forestales. Además, debe contar con el respaldo político y las atribuciones necesarias para generar propuestas concretas destinadas a resolver las demandas de las comunidades indígenas”, puntualizó el Indh.
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